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En el número 9 de la calle Om del Raval impera la ley del silencio. Suele ocurrir en fincas con vecinos que se dedican al trapicheo. Este es un punto de venta, principalmente, de hachís. Al constante fluir de clientes arriba y abajo, se suma el incivismo de un grupo de inquilinos, que okupan, al menos, dos viviendas. Unos pocos se han adueñado del espacio común y mantienen a raya con amenazas e insultos a cualquiera que ose levantar la cabeza. La semana pasada, cruzaron una línea roja, una más, cuando intentaron asaltar en tres ocasiones uno de los pisos con el inquilino en el interior. 

"Hasta ahora permitía el tema de las fiestas, que se meen abajo, que ocupen el tejado. Pero claro, cuando vienen a por tu casa eso ya es diferente. Quieren echarnos y quedarse con la finca", relata el inquilino afectado, que prefiere mantener el anonimato. Este vecino ha dicho basta. Dice que ha "estallado" cuando el problema ha tocado a su puerta. El pasado martes 23 de febrero, sorprendió a dos individuos manipulando la cerradura. Tras recriminarles su conducta, ambos se fueron lanzándole amenazas e insultos homófobos, unos improperios que sufre desde hace tiempo.

GESTIÓN MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal de l'Habitatge, gestiona y administra la gran mayoría de los pisos de este edificio, propiedad de la Generalitat. Una minoría pertenecen a particulares, como es el caso de este vecino, que vive una pesadilla. Este martes respondía a las preguntas de este medio mientras teletrabaja e intentaba atender a varias personas que se han acercado para ayudarle. Tres de ellas hablaban en el salón. Dos eran políticas de Junts per Catalunya, entre ellas Elsa Artadi, la presidenta del grupo municipal, y también un mosso d'esquadra, encargado de la relación con la comunidad en Ciutat Vella. Ciutadans y Esquerra Republicana también se han interesado por su situación.

La calle Om, fotografiada este martes / METRÓPOLI ABIERTA
La calle Om, fotografiada este martes / METRÓPOLI ABIERTA

Tras un primer intento el martes, sobre las 14.00 horas del domingo escuchó ruidos, se acercó a la cocina y detectó que habían forzado la persiana. Por la tarde denunció los dos episodios en la comisaría de Mossos del Raval. Le acompañaron dos consejeras de Ciutat Vella: Maria Chacón (JxCat) y Julia Barea (Ciutadans) y la regidora de ERC Marina Gassol. Chacón decidió dormir en la casa para evitar otro incidente. Horas después se confirmaba su preocupación con una tercera tentativa de allanamiento, de madrugada. Esta vez, un hombre arriesgó el pellejo cuando pretendía entrar por la ventana de la cocina después de romper un barrote de hierro del pasillo exterior que protege a los inquilinos de caer al vacío.

AMENAZAS POR CARTA

El Ayuntamiento asegura que conoce la "complejidad" de la finca y que impulsa "un proyecto de gestión transversal" con los vecinos para abordar la situación. La administración municipal elabora un "plan de trabajo dirigido a trabajar las normas internas de la comunidad" y defiende que también "impulsa diferentes procedimientos judiciales para desalojar a los residentes relacionados con actividades delictivas y que inciden negativamente y de manera grave en la convivencia". Las amenazas también han llegado a otros vecinos en forma de escritos en cartas que hacen pasar por debajo de la puerta.

"A mí nadie me ha llamado. Dicen que hay una denuncia, pero nunca la hemos visto", se queja el afectado, que reprocha una "falta de empatía y de transparencia" por parte de los responsables del distrito, en concreto del regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa​. "Cuando me responde, dice que ya ha pasado el tema. Ni que fuera mi secretaria", bromea irónico. Chacón lamenta el "abandono municipal" de este conflicto y alerta de la existencia de pisos tapiados con puertas blindadas en el actual contexto de "emergencia habitacional". Afirma que todos los procesos de desalojo son largos, pero todo tiene "data de caducidad" y recuerda que hace seis años que los vecinos denuncian el trapicheo y los problemas de inseguridad.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde ERC, la edil Gassol también sostiene que nunca han podido comprobar la existencia de esa denuncia en los juzgados. "Es inadmisible que ocurra esto en un edificio de titularidad pública", critica. Barea, consejera de Ciutadans, coincide en denunciar un empeoramiento en la situación del número 9 de Om y denuncia el acoso que sufre este vecino. "La gente mayor no sale a la calle por miedo, por si ocurre algo o les okupan el piso", describe. El lunes le hizo el relevo a Chacón, su rival política, y fue ella la que durmió en el piso. "Esto lo hemos hecho a título particular, como vecinas, es de sentido común ayudar a una persona que lo está pasando mal. Nadie debería sufrir esto", señala.

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