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El fondo buitre Blackstone ha abierto dos procesos penales para desahuciar a dos hermanos, Mennana y Oussama, que un mes atrás ocuparon una vivienda de la calle Vistalegre 14 del Raval, cuenta a Metrópoli Abierta un integrante de la asamblea de vecinos Raval Rebel, Antoni Sala. Lo que ha avivado la indignación entre algunos vecinos del barrio es que durante “el mínimo de tres años” que el inmueble fue un narcopiso, Blackstone “no hizo nada y ahora quiere desahuciar a sus actuales inquilinos”, añade a este diario Àngel Cordero, integrante de la plataforma de vecinos Acció Raval. 

Los jóvenes migrantes llegaron a Barcelona en situación de vulnerabilidad. Pasaban las noches al raso. Eso, junto al hecho que, según Cordero, la existencia de los pisos vacíos hace que afloren los narcopisos, hizo que los miembros de Raval Rebel viesen con buenos ojos la ocupación de los dos hermanos. Aunque los esfuerzos de los vecinos no han conseguido erradicar una lacra que desde 2012 golpea a diario a este punto de Barcelona.

A pesar de que Cordero reconoce que después de la segunda macrooperación contra los narcopisos del pasado junio “quedó una parte residual”, en los últimos meses se ha vivido un repunte. “Ahora volvemos a tener más de 25 puntos de venta de droga. Tres vecinos me han llamado para alertarme de que hay narcopisos en sus fincas”, asegura Cordero, que al mismo tiempo denuncia que “últimamente hay más desahucios”. Aunque sostiene que la policía trabaja por combatir la presencia de estupefacientes en las calles y edificios del Raval, no puede evitar pensar que “parece que los agentes hagan el trabajo a los traficantes al vaciar los inmuebles”.

PROCESO DE DENUNCIA

Los miembros de Raval Rebel intentaron regular la situación de Mennana y Oussama en una reunión con un representante de Blackstone. Salas indica que mostró disposición a buscar una solución, aunque alegó que solo haría un contrato de alquiler a los jóvenes si contaba con la mediación e intervención del Ayuntamiento de Barcelona.

Lo que no esperaban los vecinos es que unos 10 días después del encuentro, los Mossos d’Esquadra pasarían por la vivienda para entregar a los jóvenes una orden judicial que les alertaba de que si en cinco días seguían en el inmueble, “lo comunicarían al juez”. “Lo entendimos como una amenaza: ‘si cuando vuelva sigues aquí, el magistrado ordenará que te marches por la fuerza’”, señala Salas, que al mismo tiempo admite desconocer si a los cinco días volvieron a pasar los agentes.  

Desde Raval Rebel sí que pudieron constatar que Blackstone había abierto un proceso civil y otro penal.  Algo que el representante del fondo buitre reconoció alegando que con esas acciones “no querían decir que no quisieran negociar”. “Es sospechoso que interpongan denuncias cuando en teoría quieren llegar a un acuerdo”, dice Salas. Metrópoli Abierta se ha puesto en contacto con Blackstone, pero no ha respondido a sus requerimientos.

VISITAS DE LOS NARCOS

Durante el mes que Mennana y Oussama han estado en Vistalegre 14 han tenido que convivir con la presencia de los traficantes. No solo con "una especie de espuma” con la que bloquearon la puerta de entrada para que no quedara cerrada, también con múltiples visitas.

Salas detalla que en la primera ocasión les llamaron a la puerta. En la segunda intentaron entrar en el domicilio para “recuperar objetos que habían dejado”. Y en la tercera un hombre, que dijo que había estado en prisión, les contó a través del interfono que necesitaba entrar porque había un piso vacío en la finca y ese punto del barrio era “su zona. Trabajaba en el lugar”. “No hay ninguna otra vivienda vacía. No sabemos si desde el interior quería saltar a otro edificio o quería engañarlos para ir a otro piso”, explica Salas al hablar de una realidad que Cordero también conoce de sobras. “Los traficantes han tenido impunidad durante tanto tiempo, que se piensan que el barrio es suyo”.

“INTERVENCIÓN PARCIAL” DE LA GENERALITAT

Mennana y Oussama viven ahora en un mar de contradicciones. Salas apunta que por una parte se sienten tranquilos al tener una vivienda por un tiempo. Pero, al mismo tiempo, están preocupados por lo que pueda ocurrir. “Si estuviesen con niños pequeños ya se habrían marchado corriendo, pero no lo han hecho porque han salido de la calle”, sostiene Salas.

Por su parte, Cordero considera que la Generalitat de Cataluña está haciendo una “intervención parcial”. Reconoce que la policía escucha a los vecinos y lucha contra el tráfico de drogas, pero no es suficiente. “La Generalitat no sanciona al propietario que no actúa cuando su inmueble se destina al tráfico de drogas ni pena la reincidencia de los traficantes”, condena Cordero, que al mismo tiempo, recuerda que “los vecinos hacemos el trabajo de poner a una familia en la vivienda para que no la vuelvan a ocupar los traficante”.

Para Cordero, la gentrificación que vive El Raval está acabando con sus residentes. "El miedo, el cansancio y el hecho de que suban los precios de los alquileres o que se ejecuten desahucios, están consiguiendo que mucha gente se marche", sentencia. 

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