Asedio a los pisos turísticos de particulares en Ciutat Vella

El pez grande se come al pez chico. También en el sector turístico. También en Ciutat Vella. Hace unos años, la práctica totalidad de los apartamentos turísticos de Ciutat Vella estaban gestionados por particulares o por pequeñas empresas familiares, en un paradigma de la economía colaborativa. Pero la presión del Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo desde que gobierna Ada Colau, el aumento de la turismofobia -alentada desde la propia administración municipal- y la entrada en el sector de grandes holdings y de fondos internacionales de inversión ha dinamitado el modelo. Los más acosados no han tenido mas remedio que doblar la rodilla, vender su licencia y abandonar.

En Ciutat Vella conviven unos 600 piso con actividad turística (conocidos popularmente en el sector barcelonés como huts por las siglas en catalán de habitatges d'ús turístic), de los que ya únicamente unos 400 son de pequeños propietarios. Y la cifra sigue bajando. El goteo de cierres de persianas entre los negocios familiares es constante “cada vez hay más bajas de pequeños propietarios que venden sus pisos con la licencia turística incluida”, explica Elisabeth Casañas, presidenta de la Plataforma Pro Viviendas Turísticas de Barcelona (PPVT). “Los pequeños establecimientos están desapareciendo mientras que los grandes tenedores tienen cada vez más peso, más propiedades”, asegura Casañas.

MÁS FACIL PARA LAS GRANDES COMPAÑÍAS

El fenómeno que ahora afecta a Ciutat Vella empezó a notarse hace unos años en las Islas Canarias y ha alcanzado cotas espeluznantes en la Costa Dorada, donde “la vivienda vacacional de toda la vida, la que está gestionada por particulares, ha desaparecido prácticamente”, lamenta la presidenta de la PPVT. El origen del cambio estriba en que la legislación se lo pone más fácil a las grandes compañías, a las cadenas y a los hoteles que a las pymes y a los pequeños propietarios.

Barcelona no escapa a esa tendencia general, pero los gestores familiares de huts tienen que hacer frente a doble acoso: de un lado al de las grandes empresas -que quieren quedarse con sus licencias de uso turístico- y por el otro, mucho más lesivo, a la presión del gobierno de Colau, que parece dispuesta a erradicarlos. “Estamos sufriendo una persecución ideológica”, denuncia Casañas.

La portavoz de la plataforma destapa una campaña municipal “indiscriminada” contra los pisos turísticos de Barcelona con inspecciones anunciadas a bombo y platillo (que resultaron un fiasco) y con sanciones a pisos turísticos de particulares, que ha acabado en denuncias por posible prevaricación. “Muchas de las sanciones han acabo en nada porque se basaban en falsedades”, indica Elisabeth Casañas.

EXPEDIENTES A PISOS QUE NO ERAN TURÍSTICOS

Según la PPVT, desde la inspección municipal se abrieron indiscriminadamente expedientes a pisos compartidos por estudiantes y a muchos pisos que eran domicilios particulares y no tenían ningún uso turístico. “Amenazaban con multas de hasta 600.000 euros, eso era lo mismo que decirte que cerraras el negocio porque los pequeños propietarios no disponen de esas cantidades, ni siquiera vendiendo el piso y la licencia se podía pagar la multa”, subraya la portavoz del sector. Fuentes municipales han argumentado, en relación a las multas de 600.000 euros, que siempre se informa en las notificcaciones "del importe máximo posible de la sanción" y de la horquilla en la que puede moverse la misma, pero que después al final la cuantía se ajusta según cada caso.

Los propietarios de las viviendas turísticas que fueron apercibidos no lo ven igual. El colectivo sostiene que, a medida que los expedientes empezaron a ponerse en manos de gabinetes jurídicos, el ayuntamiento fue destensando la cuerda. “El importe de la sanciones se rebajó en muchos casos a 45.000 euros, en cuanto aparecieron los abogados de los denunciados, y la mayoría han acabado anulándose o reduciéndose a la mínima expresión”, revive Casañas. Y todo porque Colau “se ha querido poner la medalla política de acabar con los apartamentos turísticos de Barcelona”, critica la presidenta de la plataforma. 

Las grandes empresas y fondos internacionales han encontrado el terreno aboinado para seguir expandiéndose por Ciutat Vella. En primer lugar,  porque disponen de unos potentes gabinetes de abogados (de los que los particulares carecen) que enseguida han encontrado la forma legal de ponerle freno al asedio municipal,. Y en segundo lugar, porque han encontrado a muchos propietarios muy cansados de tanta presión que han acabado cediendo y vendiendo sus licencia y su piso en el mismo lote. “Muchas de las agencias que eran pymes han cerrado y otras  más grandes han sido absorbidas por multinacionales”, apostilla Elisabeth Casañas.

TURISTAS NO, OKUPAS SÍ

Al final, las campañas de descrédito han alentado la turismofobia y han puesto en el mismo rasero a los pisos turísticos que eran problemáticos con la mayoría que no lo eran. “El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho crear a los barceloneses que un turista es igual a un depredador, cuando todos hemos sido alguna vez turistas”, advierte Casañas. Por contra, ese mismo gobierno municipal mientras por el otro la era “permisivo con las ocupaciones. Los turistas molestan pero los okupas parece ser que no”, critica la presidenta de la plataforma.

Como consecuencia de estas políticas (y tambiñen del impacto de los atentados y del procés secesionista) el sector está perdiendo fuelle y las pymes tiene que pelear las reservas cliente a cliente. “El daño ya está hecho”, reconoce Casañas. Pero los propietarios particulares que destinan sus viviendas a apartamentos turísticos no piensan rendirse. “Las perspectivas son tristes pero vamos a seguir luchando”, asegura la portavoz de la PPVT.