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La Fiscalía Anticorrupción pide entre 1 y 18 años de prisión para 22 personas que formaban una trama que gestionaba de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella. Entre los acusados hay ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. 

La trama también estaba formada por propietarios de viviendas. El Ministerio Público los acusa de delitos de cohecho, prevaricación urbanística y amenazas. 

DELITO DE AMENAZAS

Según avanza El Periódico, uno de los acusados, Heliodoro Lozano, fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella y fue trasladado a Nou Barris. Lozano se enfrenta a 11 años y seis mese de prisión. 

La pena más alta es para Joaquim Quílez, para quien el fiscal pide 18 años y medio de cárcel, ya que está acusado de un delito de amenazas. El fue de destapado a raíz de otro proceso anticorrupción contra funcionarios en relación a clubes de alterne, el conocido como caso Saratoga en el que estaba imputado Quílez. 

PAGOS POR LICENCIAS

Durante los registros en el domicilio de Quílez, los investigadores encontraron una hoja con direcciones, nombres, locales y cifras en euros que podrían corresponder a deudas y pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias. 

Según la Fiscalía, el Ayuntamiento aprobó en 2005 un plan especial para regular el fenómeno de los pisos turísticos en Ciutat Vella y prohibió la apertura de nuevos apartamentos. Sin embargo, las viviendas que ya desarrollaban esa actividad podían seguir haciéndolo con una licencia municipal urbanística de cambio de uso. 

UN EQUIPO EXCLUSIVO

El consistorio creó un equipo que se dedicó exclusivamente a abordar las 675 solicitudes para obtener esta autorización que se presentaron en 2006. En este grupo había seis funcionarios, ahora investigados, a los que el fiscal califica de "alto nivel técnico".

Con el objetivo de agilizar las gestiones de las licencias, la principal asociación de pisos turísticos contactó con Quílez y, así, logró "muchos" contratos de gestión. Este hombre contactó con el director de servicios técnicos del distrito y le propuso una cantidad de dinero a cambio de proceder a "desarrollar las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación de los expedientes y obviar" los defectos que pudieran concurrir en las solicitudes aunque no respetaran la normativa municipal.

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