El gobierno de Ada Colau tiene listo un decálogo sobre "el derecho a la vivienda" que tiene intención de presentar este martes a los grupos municipales de la oposición. Según el documento municipal al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, el Ayuntamiento de Barcelona defiende "un pacto de Estado" que comprometa al Gobierno central, a las autonomías y los consistorios a impulsar una política de vivienda con unos presupuestos nuevos y "más ambiciosos", de más de 18.000 millones, que dé respuesta a los efectos sociales económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

La regidora de Vivienda, Lucía Martín, defiende una colaboración público-privada, también "comunitaria y social" para articular una política a 10 años que permita llegar al 10% de vivienda pública del total del parque habitacional. La iniciativa del gobierno de Barcelona en Comú y PSC busca el máximo consenso político y social, tanto en la ciudad como en el ámbito metropolitano, pero se sustenta en un decálogo que no gusta a buena parte de la oposición municipal porque "ya se ha dado hecho", sin consensuarlo con otras fuerzas políticas, cuando existen mesas de trabajo y una comisión sobre la regulación de los precios de alquiler en la ciudad que, precisamente, se reunió la semana pasada.

FONDO DE CONTINGENCIA CON LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

El citado decálogo plantea incrementar el presupuesto estatal de vivienda como mínimo hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), durante los próximos siete años, como un "sector estratégico para la cohesión social, la lucha contra el cambio climático y la recuperación económica". Este incremento presupuestario, de más de 18.000 millones de euros, permitiría activar un fondo de contingencia extraordinario coordinado con las comunidades autónomas para movilizar y construir vivienda protegida indefinida de alquiler o en cesión de uso.

La iniciativa también recoge la necesidad de "modificar la regulación de los alquileres para hacerlos estables y asequibles". El Ayuntamiento sostiene que se tienen que introducir los cambios legales necesarios para "limitar las causas de no renovación de los contratos y regular los precios" para ponerlos "al nivel adquisitivo de la población para garantizar el acceso a la vivienda", incluye el documento municipal. 

El gobierno de Barcelona también propone establecer una moratoria de los desahucios de personas o familias vulnerables "antes o después del Covid" (el Ejecutivo central ya lo ha puesto en marcha hasta el 30 de septiembre), y prorrogar de forma automática los contratos de alquiler durante seis meses -hasta el 2 de abril de 2021- menos en los casos de pequeños tenedores con "necesidad de vivienda propia o de familiares directos". El decálogo municipal también propone que la mediación sea obligatoria como requisito previo al inicio de cualquier proceso judicial de desahucio a familias vulnerables.

RECUPERAR EL USOS RESIDENCIAL DE LOS PISOS TURÍSTICOS

Otro punto importante que incluye el documento es la lucha contra la especulación. Martín plantea "limitar" los motivos de extinción de un contrato, posibilitar a las administraciones públicas el derecho a tanteo y retracto por un precio inferior al de mercado en casos de fincas enteras y obligar a los grandes tenedores, en las operaciones de adquisición de vivienda, a destinar una parte a alquiler estable asequible. El Ayuntamiento defiende, además, "recuperar el uso residencial de los pisos turísticos" y que los ayuntamientos puedan tener un mayor control sobre su actividad, "fiscalizar el uso fraudulento de la figura del alquiler de temporada" y aumentar la carga impositiva. "La recuperación de estos pisos se tiene que hacer a través de fórmulas que minimicen los impactos en los diferentes actores implicados".

La propuesta incluye una reforma fiscal para beneficiar el alquiler de protección oficial y la rehabilitación, con la rebaja del IVA al 4% en las promociones de alquiler protegido para que los proyectos sean económicamente viables. El Ayuntamiento, además, quiere ampliar "el parque de alquiler asequible, social y cooperativo en cesión de uso a partir de la construcción, la movilización de viviendas privadas y el impulso de nuevos modelos de colaboración público-privada-comunitaria". Según los comunes, esta colaboración "tendrá que garantizar el mantenimiento de la propiedad pública del suelo y el valor social de las operaciones".

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El decálogo incluye la rehabilitación energética y la accesibilidad universal, eliminando las barreras arquitectónicas, del parque de viviendas. Según Martín, "tenemos un parque antiguo, de mala calidad, que derrocha energía". En esta misma línea, el Ayuntamiento propone "garantizar los derechos energéticos" y extenderla al resto del Estado, "garantizando que ninguna familia se quede sin agua, luz, gas ni internet". Martín defiende extender al resto de España la legislación vigente en Cataluña.

El decálogo municipal está avalado por una veintena de entidades de la ciudad, entre ellos la Agencia de Salud Pública de Barcelona (un consorcio que preside el propio Ayuntamiento), el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Colegio de Trabajo Social de Cataluña, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc -que ha tenido en nómina a varios miembros de Barcelona en Comú-, la Organización de Consumidores y Usarios de Catalunya (OCUC) y Sostre Cívic. Fuentes de la oposición recuerdan que algunos de estos colectivos son de la cuerda de Colau y reciben importantes subvenciones municipales.   

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