La concesión del premio Ciutat de Barcelona a Ciutat Morta ha sido uno de los errores mayúsculos cometidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Si alguien todavía tiene alguna duda, la condena por asesinato de uno de sus protagonistas, Rodrigo Lanza, confirma que el consistorio se equivocó. El violento okupa mató de una paliza a Víctor Laínez en un bar de Zaragoza, en el que es conocido como el crimen de los tirantes.

El documental retrata un complot policial, judicial y político contra cinco jóvenes a los que se acusó de dejar tetrapléjico a un guardia urbano por el impacto de una piedra en la cabeza. Los hechos tuvieron lugar el 4 de febrero de 2006 -cuando el alcalde de Barcelona era Joan Clos y el concejal de Seguridad Jordi Hereu- en una casa okupada de Ciutat Vella, cerca del Palau de la Música, donde se estaba celebrando una fiesta con cientos de personas. En 2008, tres jueces de la Audiencia Nacional condenaron a los acusados con penas de cárcel. Uno de aquellos jóvenes era Lanza.

Uno de los testigos que aparece en el documental y que defendió la teoría de la conspiración fue Jaume Asens, teniente de alcaldía de Ada Colau el mandato pasado y actual diputado en el Congresopor En Comú Podem. Asens dice en Ciutat morta que los jueces aplican la ley en base a su ideología y que la "supuesta neutralidad de los jueces y de la policía es falsa". Cuando Colau se postulaba para la alcaldía, entre 2014 y 2015, la ahora primera edil utilizó Ciutat Morta para cargar contra el PSC y la Guardia Urbana. Ahora, ambos son socios gobierno.

El pasado viernes, tras conocerse la condena de Lanza, el PP pidió a Colau la retirada del premio a Ciutat Morta. La petición está sobre la mesa de otros grupos municipales. Sin embago, algunas fuentes consultadas por Metrópoli Abierta apuntan que la retirada del galardón no es tan fácil porque fue concedido por un jurado independiente. Lo que sí pueden hacer los grupos municipales es expresar el rechazo a la concesión del premio en el pleno municipal. No sería la primera vez.

En diciembre de 2017, el consejo plenario ya se posicionó en contra de haber otorgado el premio a la productora Metromuster, muy próxima a Colau, a instancias de Alberto Fernández Díaz. Ahora, haría bien alguna formación política en hacer evidente de nuevo ese rechazo. La memoria del agente Salas, postrado de por vida en una silla de ruedas, bien lo merece.  

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