Ramiro Aurín (Barcelona, 1956) es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Pionero en la ingeniería ambiental en España, funda y dirige durante 20 años el taller ingeniería ambiental y colabora como profesor en la UPC. También es coautor del libro Gobernanza y gestion del agua: modelos público y privado (Profit Editorial) y en la actualidad es consultor internacional en ingeniería y gestión del agua.

La gestión del agua está en el centro del debate político. ¿Gestión pública o privada?
En principio, la gestión del agua tiene que responder a la historia que hay detrás, que normalmente es centenaria. En cada lugar se ha producido de una manera. En Madrid el Ministerio de Fomento creó una sociedad pública en la década de 1850 y la gestión del agua sigue siendo pública. En Barcelona, la Sociedad General de Aguas de Barcelona (del grupo Agbar) se constituyó en 1867, aunque ahora la gestión sea mixta. Nadie tiene que venir a salvar a las ciudades de un problema con el agua. Ese problema no existe en la calle ni existe para el ciudadano.

Sí es verdad que esta cuestión permite un tipo de discurso de denuncia, como si el derecho al agua estuviera en peligro cuando la gestión es privada. Cuando la gestión es privada quiere decir que las personas que se encargan no son funcionarios ni empleados públicos. Eso es todo lo que significa. Por lo tanto, en general el debate no sería público o privado, sino en cada lugar cómo está consolidada esa gestión y si funciona o no funciona, si hacen falta más recursos económicos y técnicos, y, en todo caso, realizar los ajustes pertinentes.

No hace falta cambiar lo que ya funciona, entiendo.
Lo que ya funciona no hace falta cambiarlo y en general se hace muy bien. En el caso de Barcelona, Agbar representa un activo fundamental y descomunal para la ciudad y dentro de las sociedades más importantes en el tema del abastecimiento de agua está entre las más dotadas tecnológicamente. Luego está el tema de las culturas empresariales. Nadie puede poner en duda que Agbar tiene una vocación hacia el conocimiento y la tecnología

Más allá de que el responsable de turno tenga más o menos interés, en Barcelona tenemos una garantía de suministro de un año. Madrid tiene tres, es cierto, pero el contexto es mucho mejor: hay agua muy buena, cerca y en unas condiciones naturales de calidad. Cuando estás en una situación límite como es una aglomeración como la barcelonesa, no te queda más remedio que impulsar la excelencia tecnológica para evitar fases críticas. Y en ninguna ciudad del mundo los avances tecnológicos se producen desde la esfera municipal. 

¿Entonces la remunicipalización es una cuestión de ideología?
Es un discurso fundamentalmente ideológico. En la Comunidad de Madrid el agua es pública, el Canal de Isabel II abastece a la inmensa mayoría de municipios, y también se pone en cuestión la gestión por el simple hecho de que ha sido el Partido Popular el que ha gobernado durante muchos años. Es una cosa que ya trasciende el sentido común. Una cosa es que defiendas que deba seguir siendo público, cosa que yo también creo, y otra es que digas que quieres recuperar la gestión municipal respecto del propio canal.

La ventaja que tiene el canal, o que tiene Aguas de Barcelona a su manera, es la masa crítica con la que trabaja. Esa masa crítica permite desarrollos tecnológicos e inversiones colectivas. Desde los contadores inteligentes que te avisan de averías o de anomalías en el consumo hasta la posibilidad de consultar y reclamar facturas desde el móvil. Son cosas que la masa crítica te permite hacer. 

¿Es positivo que haya un debate en torno a esta cuestión?
En realidad, el abastecimiento de agua es un servicio municipal. Como sociedad, la necesidad se crea a mediados del siglo XIX a instancias de la administración local, por eso es competencia municipal. Cuando la población crece y adquiere complejidad, la municipalización es un factor negativo. Ahora el regulador, quien supervisa ese abastecimiento, es cada uno de los ayuntamientos o en algunas ocasiones es un órgano supramunicipal.

En muchos países donde ya funciona bien existe un regulador nacional, nucleado alrededor de las organizaciones municipales que son las que tienen la competencia. El personal de este regulador es independiente de los ayuntamientos aunque en los consejos de administración pueda haber algún representante político. Eso asegura que no haya manipulación de los datos que no gustan porque un regulador independiente exige excelencia, transparencia y auditoría de cuentas. 

¿Hay margen para reducir la factura del agua?
Lo importante es que se vea el coste real. Que lo enmascaren a costa de no hacer mantenimiento o bajar los costes pagando partidas de forma indirecta es directamente una manipulación de cara al votante. Cuando tienes un servicio externalizado y un regulador administrativo muy poderoso, todo eso queda a la vista.

Como en última instancia la responsabilidad es de la administración, siempre puedes denunciar incumplimientos del contrato y cargarte al suministrador, lo cual no pasa nunca porque no se dan las circunstancias. Las tarifas no las ponen los consejos de administración de los suministradores. Cuando se habla de costes y de si es más caro o más barato, hay que recordar que la tarifa del suministro del agua la aprueba el pleno municipal.