Las políticas de remunicipalización del servicio del agua han fracasado en grandes ciudades europeas. Las experiencias de Berlín y París, recordadas por algunos expertos, desaconsejan la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona de romper con el actual modelo público-privado. En algunas poblaciones catalanas, como Arenys de Munt y Figaró-Montmany, también ha encallado la gestión de algunos ayuntamientos.

Según el “Informe sobre la gestión directa / indirecta del ciclo del agua” de la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público (CCIES), en Barcelona no se puede hablar de remunicipalizar el servicio del agua “porque nunca ha dejado de ser municipal”.

“El suministro de agua realizado por el sector privado siempre ha estado sometido al control de la administración pública”, recuerda el citado informe. En el mismo se asegura, además, que “son falsos los ejemplos de remunicipalización que se suelen citar para lograr una reducción del precio del agua”.

El estudio del CCIES explica que Berlín optó por remunicipalizar el 49% de su empresa mixta en 2012 por 1.200 millones de euros con la promesa de reducir las tarifas, compromiso que no se logró “inmediatamente” y que comportó “una reducción de los niveles de inversión en las infraestructuras del agua”. “Esto coincidió con el hecho de que la ciudad tuvo que aumentar su presión fiscal, porque su deuda superaba los 60.000 millones de euros”.

MENOS INVERSIÓN

En París, por su parte, la gestión pública del agua comenzó en 2010 y afectó a dos de los 10 millones de habitantes de su área metropolitana. “La promesa de reducir la tarifa del agua potable un 8% no llegó al 3%, cifra que se logró al reducir de manera significativa el nivel de inversión que había hecho el anterior concesionario”, especifica el informe del CCIES, antes de recalcar que el precio del agua, entre 2016 y 2021, “se incrementará un 10% según las previsiones del ayuntamiento”. “El consistorio” -añade- “no ha exigido al gestor público los mismos objetivos de calidad y eficiencia que al anterior concesionario”.

En Catalunya, paralelamente, algunas experiencias tampoco han sido positivas. En Arenys de Munt, “el Ayuntamiento aumentó los costes del servicio en un 30%” y se multiplicaron las pérdidas de agua. En Figaró-Montmany, la gestión pública comportó un aumento de las tarifas de entre el 53% y el 131%, pese a las promesas en sentido contrario del Ayuntamiento.

El estudio también recuerda que el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas "del derecho humano al agua potable y al saneamiento" no tiene nada que ver con la forma de gestión. Al contrario, insiste en que tanto el organismo internacional como la Unión Europea "apuestan de manera clara por la colaboración público-privada".

AGBAR, UN ACTIVO FUNDAMENTAL

Las conclusiones del informe del CCIES coinciden con las opiniones de Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Catalunya y coautor del libro 'Gobernanza y gestión del agua: modelos público y privado'.

“En ninguna ciudad del mundo, los avances tecnológicos se producen desde la esfera municipal”, sostuvo Aurín en una entrevista concedida a Metrópoli Abierta tras explicar que Barcelona tiene que invertir mucho más dinero que Madrid para garantizar la calidad del agua a los ciudadanos. El ingeniero de Caminos, asimismo, remarcó que “Agbar representa un activo fundamental y descomunal para la ciudad, y dentro de las sociedades más importantes en el tema del abastecimiento del agua está entre las más dotadas tecnológicamente”.