El proyecto de remunicipalización del servicio del agua en Barcelona que defiende el gobierno de Ada Colau no es percibido como una prioridad ni una necesidad por los ciudadanos. Tres de cada cuatro habitantes de la ciudad están contento con el modelo actual y uno de los principales expertos en concesiones, Francesc Sibina, alerta del elevado coste que tendría un cambio de operador para la capital catalana.

Sibina, presidente de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector público (CCIES), asegura que “el problema del agua no es económico, sino ideológico” y cifra entre 500 y 1.000 millones de euros la indemnización que el Ayuntamiento debería liquidar a Agbar por romper el actual status.

“El señor Eloi Badia (regidor de Presidència) debería decir cuánto dinero del presupuesto municipal está dispuesto a destinar para rescatar el agua”, recalcó Sibina en una conversación con Metrópoli Abierta. “Si el Ayuntamiento pasa a gestionar el servicio del agua, o sube los impuestos o deja de invertir en otras prioridades más básicas, de las cuales la ciudad de Barcelona es deficitaria, para compensar la indemnización a Agbar”, añade el presidente de la CCIES.

LA POSTURA DE LA ONU

Sibina lamenta que Badia no contestara su pregunta --tuvo que irse por un compromiso personal-- sobre el impacto económico que tendría la remunicipalización del agua en una conferencia titulada "Jornada sobre municipios, 2017". También recuerda que “el 70% del importe de las facturas del agua son impuestos” y que la ONU aboga por la “colaboración público-privada” para solucionar futuras sequías y un aumento de la demanda por la superpoblación del planeta.

El presidente de la CCIES recuerda que Agbar, que este año cumple 150 años, asume inversiones millonarias para mejorar la calidad del agua de los barceloneses. También recalca que “nunca ha habido una incidencia grave en el servicio prestado del agua” y que la compañía “jamás ha cortado el servicio a un ciudadano” con problemas económicos.

LA INVERSIÓN DE AGBAR

“El problema es que desde el Ayuntamiento dicen medias verdades y han generado una psicosis con los servicios básicos. La gobernanza debe actuar cuando hay un problema, no generarlo. En París y Berlín, la municipalización no cumplió con las expectativas. Los ayuntamientos no invierten en reposición para renovar la red y acaban subiendo los precios. En Barcelona, la inversión de Agbar viene de lejos y el señor Badia no puede comprometer el presupuesto de cinco o más legislaturas para el rescate.” insiste Sibina.

El presidente de la CCIES también se opone al proyecto del Ayuntamiento de crear un tanatorio municipal, que fracasó por el rechazo final de ERC. “La economía de mercado está basada en la competencia y Mémora pagó entre 80 y 100 millones de euros al Ayuntamiento por un servicio que ahora tiene que amortizar. Esa inversión la recupera con los entierros”, explica Sibina. “El consistorio invirtió esos 80 millones en otras prioridades y no es recibo que le haga la competencia a Mémora”, sentencia.