El Ayuntamiento de Barcelona ha cobrado tres millones de euros por impagos entre 2011 y 2015 de una tasa que deben abonar las suministradoras, en este caso las de distribución eléctrica --Endesa--, ha explicado este viernes en declaraciones a los medios el concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia.

El Gobierno de Ada Colau abrió en 2016 una auditoría de esta tasa, vinculada al suministros de la ciudad, que empezó por analizar el caso de las eléctricas y detectó que faltaban 900.000 euros por facturas que no habían aparecido inicialmente, ha publicado este viernes 'El Periódico'.

Además, Badia ha resaltado que la auditoría detectó 1,8 millones de euros que no habían sido declarados como ingresos por una discrepancia en la interpretación de la normativa, y el Ayuntamiento inició un proceso sancionador valorado en 300.000 euros por estos impagos.

Badia ha explicado que la compañía abonó "sin inconveniente" los 900.000 euros y que también ha ingresado los 1,8 millones pero desde la disconformidad, por lo que ha presentado recurso.

UN ERROR Y UN RECURSO

Fuentes de Endesa han detallado a Europa Press que los 900.000 euros se deben a un error en el registro de diversas calles limítrofes, que estaban asignadas a otros municipios a los que se les abonó la tasa en lugar de hacerlo en Barcelona, por lo que la han pagado dos veces.

En cuanto a los 1,8 millones, las mismas fuentes han insistido en que consideran que se imponen sobre recursos que la compañía no considera ingresos, ya que los recauda a través del recibo pero los transfiere a terceros, como la tasa para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), motivo por el que han recurrido la decisión municipal.

Badia ha resaltado que la auditoría ha empezado con las comercializadoras pero que también analizarán el sector del gas, que también debe abonar esta tasa, del 1,5%, como ocurre con las suministradoras de telefonía y agua.

El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno central que especifique a los ayuntamientos la cantidad que deberían percibir por la tasa para facilitarles el trabajo, porque "muchos municipios no tienen la capacidad de hacer una auditoría de esta magnitud".

Si a Barcelona se han detectado tres millones, "a nivel estatal podría haber desviaciones muy importantes", ha alertado Badia, que ha descartado mala fe en la compañía en este caso y ha resaltado que se trata de miles y miles de facturas analizadas.