Acabar con el elevado precio de los servicios funerarios. Esa es la intención de la Generalitat, que está estudiando un proyecto para liberalizar el sector y permitir que nuevos operadores entren en el mercado con el propósito de rebajar su precio.

El hecho de que Barcelona sea la ciudad de España en la que resultan más caros los servicios funerarios ha obligado a la Generalitat a estudiar el tema. Y al igual que en su día hizo el Ayuntamiento, aunque el gobierno catalán ha llegado a una conclusión diferente: solo la entrada de nuevos actores permitirá rebajar el coste de este servicio.

El primer paso será autorizar el acceso a los 150 tanatorios públicos que hay en Catalunya a otros operadores. En la actualidad, dos empresas, Mémora y Áltima, gestionan buena parte de los tanatorios públicos y la entrada de otras compañías es muy difícil, sobre todo por las exigencias que la actual legislación impone a los que lo intentan.

Aunque una empresa funeraria no está obligada por ley a disponer de un tanatorio para poder ofrecer sus servicios, actualmente es muy complicado que pueda resultar atractiva si no es capaz de ofrecer un catálogo completo de prestaciones. Y, con la actual legislación, acceder a un tanatorio público gestionado por una empresa privada resulta complicado, por lo que en muchos casos se produce una situación de monopolio que impide la libre competencia. Y mucho más complicado es el acceso a un tanatorio de titularidad y gestión privada.

Ante esta disyuntiva, solo un cambio de la legislación permitirá un cambio sustancial en el sector, ya que desde la Generalitat se considera que la intención del Ayuntamiento de Barcelona de crear una empresa pública no es la mejor solución, y apuestan por permitir que sean otras empresas privadas las que entren en competencia con las que actualmente hay en servicio.

A este respecto, desde Mémora aseguran que “la actualización de las diversas legislaciones actualmente vigentes a la realidad de un mercado liberalizado por ley desde 1996 y su consecuente adaptación a las directrices comunitarias, son demandas que desde el propio sector, tanto a través de las asociaciones de empresas de servicios funerarios como desde las mismas compañías como Mémora, se vienen reclamando en los últimos tiempos a las administraciones competentes. Se hace del todo necesario el impulso nuevas regulaciones que fomenten la libre competencia salvaguardando la esencia de la prestación de un servicio funerario de máxima profesionalidad y con las plenas garantías para las familias y la sociedad en general.”

Por su parte, un portavoz de Áltima ha asegurado a Metrópoli Abierta que desconocen el contenido del informe elaborado por la Generalitat y que prefieren no dar una opinión al respecto. Pese a ello, Altima ya se posicionó a favor de la entrada de nuevos operadores en el sector cuando, en conversación con Metrópoli Abierta, se trató el asunto de la intención del Ayuntamiento de Barcelona de crear una empresa pública de servicios funerarios para conseguir un abaratamiento de los costes.