La venta de Mémora ha cogido por sorpresa al Gobierno de Colau, que se ha “enterado por los medios” de la operación. El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha manifestado este martes “la incomodidad” del consistorio tras el cambio de manos del grupo propietario de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), empresa de la que el Ayuntamiento es socio minoritario con un 15% de las acciones.

Badia ha asegurado que la venta de Mémora al fondo canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) no altera el funcionamiento de SFB, que seguirá operando “con toda normalidad” y con “el mismo personal y la misma plantilla”. Sin embargo, el concejal ha aprovechado la comparecencia para explicar que el Ayuntamiento ha descartado las propuestas de ERC y PdeCAT alternativas a la creación de una funeraria municipal, que sigue siendo su principal apuesta para reducir los precios de los entierros a pesar de que no tiene apoyos políticos.

COMPRAR SFB, DEMASIADO CARO

La operación Mémora, que se ha cerrado por unos 500 millones de euros, “ratifica” que las cifras que se mueven ahora mismo son inasumibles para el consistorio. ERC pretende que el Ayuntamiento recupere el 36% de SFB que vendió al grupo funerario en 2011 por 63,8 millones, pero Badia ha manifestado que tras cuatro meses de negociaciones han desistido por problemas jurídicos y financieros. 

Según el concejal, el 15% de SFB que posee el Ayuntamiento está valorado en unos 30 millones, por lo que recuperar la mayoría en el accionariado costaría al menos 72 millones. “Los fondos no suelen ser socios minoritarios y habría que acordar una compra diferida para el 49% restante”, por lo que la operación subiría a los 170 millones, según sus cálculos.

Badia también ha dicho que la opción del PDeCAT, que pasaba por rescatar la concesión, es inviable y que los servicios jurídicos han advertido de que se trata de un servicio liberalizado, por lo que el interés público no justificaría la medida.

EL TANATORIO PÚBLICO VUELVE A ESCENA

Ante esta situación, Badia ha asegurado que se han agotado las opciones alternativas y que se vuelve “a la situación inicial” de crear un tanatorio público. Aunque está aprobado de forma inicial (sin votos en contra), el Gobierno de Ada Colau no ha conseguido los apoyos políticos necesarios para sacar adelante el proyecto e incluso tuvo que retirarlo del pleno municipal del mes de abril porque no logró convencer a republicanos y demócratas.

Todos los grupos municipales han mostrado su preocupación por el elevado precio de los entierros en Barcelona, pero hasta ahora solo la coalición de BComú y PSC ha apostado por una funeraria municipal. La propuesta, que desde un primer momento ha contado con la oposición de Mémora y Áltima e incluso de los sindicatos por verla inviable, volverá a ponerse encima de la mesa a la espera de convencer a más fuerzas políticas.