El Gobierno central quiere poner coto a la remunicipalización de servicios que algunos ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, preparan para los próximos meses o años. A través de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo borrador se aprobó a principios de mes, el Ejecutivo ha introducido una disposición adicional para limitar “la incorporación de personal laboral al sector público”, una medida que, de facto, impedirá a las administraciones locales hacerse cargo de los empleados procedentes de servicios remunicipalizados.

Según la disposición adicional 27, el sector público no podrá incorporar como empleados públicos a los trabajadores de contratistas “cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”. Además, y en el caso de que una sentencia judicial lo avale, los empleados “se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición”, es decir, que la contratación de estos trabajadores iría en detrimento de otros sectores de la administración.

A pesar de que solo se trata de un borrador, la medida deja clara la posición del Ejecutivo de Mariano Rajoy respecto a las remunicipalizaciones de servicios que muchos ayuntamientos españoles están estudiando o que ya están en marcha. Las próximas semanas serán clave para saber si esta disposición adicional sale adelante, ya que los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad (24-28 de abril) o parciales (1-5 de mayo).

LOS AYUNTAMIENTOS RESPONDEN

La inclusión de esta disposición adicional se ha interpretado desde algunos ayuntamientos como un “ataque” a las políticas de municipalización de servicios. El consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, lo calificó la semana pasada de "todo un ataque a la línea de flotación" y reconoció que, de aprobarse, "prácticamente ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura" saldría adelante.

El Ayuntamiento de Barcelona, que está en proceso de crear un tanatorio público y estudia recuperar servicios como el agua, no se ha posicionado públicamente respecto a esta disposición, pero las últimas decisiones de gobierno muestran que no tiene intención de echarse atrás a pesar de que hay expertos que desaconsejan este tipo de políticas.