El camino hacia la funeraria pública está trazado. Eloi Badia, regidor de presidencia, espera que sea una realidad durante el segundo trimestre de 2019 (escasos meses después de las próximas elecciones) y promete un abanico de ofertas "más asequibles". Desde el Ayuntamiento aseguran que los costes se reducirán entre un 30% y un 60%. Los operadores privados, por su parte, se defienden y acusan al consistorio de falta de rigor en la exposición de sus datos.

¿DÓNDE VA EL DINERO?

Con la privatización del servicio años atrás, este ha sido controlado por un duopolio formado por Àltima y Mémora. Eso sí, esta última empresa es la que gestiona tres de cada cuatro entierros. ¿El precio medio? Algo más de 7.000 euros por servicio estándar, según el informe encargado por el consistorio a Global Economics Group (resultado similar al que ya calculó la OCU en 2013).

El 90% del dinero, según el informe, va destinado a la empresa de servicios y el 10% restante sirve para cubrir los costes generados en el cementerio. Por contra, el servicio estándar que ofrecerá la compañía pública se ha tasado alrededor de los 2.380 euros, mientras que el servicio medio se contempla en 3.475 euros y el superior en 4.700 euros. Este último, Mémora lo ofrece por 9.000 euros. “Un precio que en ningún caso se ajustaría a un precio real si tuviera unas dinámicas de competencia real”, critica Badia. Este mismo paquete se ofrece en otras ciudades a un precio dos o tres veces más bajo.

LAS ASEGURADORAS TAMBIÉN SACAN TAJADA

Sobre los precios medios que suelen salir publicados en la prensa, el director de Global Economics Group, Juan Delgado, ha explicado que se trata de una “mala interpretación, ya que se está haciendo una media de los servicios prestados al cliente particular y los que se pactan con las compañías de seguros, las cuales pueden cerrar precios mucho más bajos, en torno a los 2.500 euros”. “Ninguna factura a particulares está a ese precio”, asegura el director, quien contempla cómo los precios que se hacen pagar a los particulares son un 75% superiores a los que se pactan con las compañías de seguros.

Pero es que ni siquiera el mercado de las compañías de seguros queda desafectado de la propuesta del equipo de Gobierno. Enterrar a un difunto por la funeraria municipal, según el consistorio, resultará más barato que hacerlo mediante primas únicas o mensualidades fijas. Según los datos de la aseguradora Ocaso que se han hecho servir, “con los actuales seguros de primas mensuales podemos llegar a pagar hasta 18 funerales si se contrata con 35 años”, señala Delgado.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA FUNERARIA PÚBLICA?

Esta nueva operadora será una rama independiente de la empresa municipal Cementeris de Barcelona, con tal de cumplir con la normativa de competencia. La funeraria contará con tanatorio propio, el cual tendrá unas seis salas para velar a los difuntos. Una cifra que se ampliará, en función del éxito que tenga la iniciativa cuando entre en marcha. La instalación tendrá un presupuesto de cuatro millones de euros y sus salas se podrán ofrecer a otros operadores que quieran entrar a competir en el mercado barcelonés.

Si bien ya se ha calculado que el edificio contará con una veintena de trabajadores, lo que no está claro es su ubicación. Esta se estudiará de forma más concienzuda una vez se apruebe el expediente en el próximo pleno del mes de abril (cabe destacar que ningún partido se ha opuesto a la operadora municipal). Si bien el cementerio de Montjuïc parte como favorito, el regidor también ha recordado que habrán otros ítems como la conectividad y la proximidad que se van a tener en cuenta a la hora de estudiar con más detalle la ubicación definitiva del tanatorio público.

LAS FUNERARIAS PRIVADAS RECELAN

Mémora ha defendido en un comunicado que la actual empresa público-privada ha dado “excelentes resultados” como modelo de servicios y lo califica de “referente internacional”. La compañía añade el estudio que encargó la empresa al catedrático de a UPF, Oriol Amat, que reflejaba cómo el gasto funerario había bajado un 8% desde 2011 a 2016, y hace hincapié en que los operadores privados corren con los gastos de las familias sin recursos, cuando en otras ciudades lo sufragan los ayuntamientos.

La segunda empresa que controla el mercado barcelonés, Àltima, también ha lanzado una crítica nota de prensa con el estudio del Ayuntamiento, y denuncia que el análisis se basa en 44 facturas. Una muestra “nada representativa y totalmente aleatoria” para la ciudad, opina la compañía. En cambio, fuentes municipales defienden la validez de la muestra, ya que todas las facturas se han recogido en un único mes, aseguran.

Àltima incide en que el gasto medio registrado por parte de los particulares ha sido de 4.445,88 euros (incluyendo los servicios funerarios, cementerios e IVA). Cifra que “nada tiene que ver con la que publicitan desde el Ayuntamiento”. "Ante esta metodología empleada por el consistorio, se reafirma lo que siempre hemos mantenido respeto al poco rigor" de la administración local para crear una empresa funeraria pública. Además de solicitar más facilidades a las empresas funerarias para llevar a cabo su trabajo, la compañía ha pedido al Ayuntamiento que rompa "su monopolio en el servicio de cementerios" para poder ampliar la oferta al usuario para abrir realmente el sector.

EL AYUNTAMIENTO VENDERÁ SUS ACCIONES

 

“Con la privatización la calidad se mantuvo, pero generó un monopolio que bloqueó al sector”, sintetizan desde el equipo de Gobierno en referencia a la operación que llevó a cabo el anterior ejecutivo socialista. Ahora, el Ayuntamiento quiere romper el modelo actual y abrir el mercado a nuevas empresas, generar competencia en la ciudad y ajustar los costes al marcar precios de referencia desde el sector público.

Si bien el Ayuntamiento de Barcelona posee el 15% de la empresa Serveis Funeraris de Barcelona, desde el ente público se vendió el 36% de sus activos por 68 millones de euros. El consistorio nunca ha ingresado dividendo alguno, ha explicado Badia. Un porcentaje de participación con el que “es imposible que el Ayuntamiento tenga ningún tipo de incidencia”, ha incidido el edil.

Tal como han señalado desde la regidoría de presidencia, “en el consejo de administración de la empresa ya manifestamos nuestras intenciones y nos abstuvimos, para no entrar en conflicto de intereses”. La venta del 15% de los activos en Serveis Funeraris de Barcelona supondrá un ingreso de 28 millones de euros a las arcas municipales como mínimo, ya que si en la subasta hay más de un interesado en comprar el paquete, su valor puede incrementarse. En el caso que no haya ningún privado que quiera hacerse con las acciones, la ley obligará a Mémora a comprárselas al consistorio por los 28 millones iniciales.

EL EJEMPLO, MADRID

Una de las referencias para el equipo de Ada Colau es la gestión que ha hecho el ejecutivo de Manuela Carmena en Madrid. El consistorio de la meseta creó el año pasado una empresa 100% municipal y de gestión directa, a diferencia de la anterior (que era controlada por los socios privados y con minoría en su participación). Sin embargo, cabe destacar que en el caso de la capital española operan cinco empresas, entre las cuales se encuentra la operadora municipal. Un campo de competitividad en el que incluso el sector público sale favorecido. “Prestamos el 40% de los servicios funerarios”, asegura el gerente de la empresa municipal, Fernando Sánchez.

Esta operadora ofrece un precio medio de 3.200 euros para los entierros que se llevan a cabo en la capital (aunque las facturas se mueven en un rango comprendido entre los 2.300 y los 6.000 euros). Ello se debe a que “los servicios funerarios son muy personalizados, por lo que hay una amplia oferta”, explica Sánchez. Todo está incluido. Desde el traslado del cadáver hasta el entierro o la incineración, con la posibilidad de sepultura de 10 a 75 años.

LA REBAJA DEL IVA

La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, también comparte la idea de que en Barcelona se cobran unos “precios excesivos”. “A partir de ahí nosotros hicimos unas recomendaciones al Ayuntamiento, de las que buena parte ya han puesto en marcha”, destaca. Una vez matizado este punto, ahora los esfuerzos de la Síndica se centran en sumar fuerzas con la defensora del Pueblo para reclamar al Congreso de los Diputados la rebaja del IVA de los servicios funerarios del 21% a una carga fiscal mucho más reducida. “No se trata de un objeto de lujo”, denuncia Vilà.