El Gobierno de Barcelona En Comú y PSC llevará la creación del tanatorio público al pleno municipal de la próxima semana a pesar de no contar con el apoyo de ningún partido de la oposición, que ha reservado su voto y ha criticado de nuevo el proyecto del consistorio, que debería ponerse en marcha en 2019. En el pleno también se tratará la aprobación definitiva de la venta del 15% que el Ayuntamiento todavía posee en Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha explicado que el consistorio ya ha comunicado al consejo de administración de SFB su intención de vender ese 15%, valorado en unos 28 millones de euros. Mémora, que posee el 85% restante, está obligada por contrato a hacerse con la participación del Ayuntamiento si ninguna empresa acude a la subasta pública que se realizará. La venta es un paso imprescindible para que el tanatorio público opere en igualdad de condiciones.

RECOMPRAR SFB

La propuesta del grupo municipal de ERC de adquirir el 36% de SFB (que el propio Ayuntamiento vendió a Mémora en 2011) se ha descartado porque, según Badia, la funeraria no tiene intención de desprenderse de esa participación, que está valorada en al menos 64 millones de euros. Esta inversión es 16 veces más costosa que la creación del operador público, ha asegurado el concejal.

El Gobierno de Ada Colau pretende ofrecer precios un 30% más baratos con el tanatorio público, una cifra que han puesto en duda tanto la oposición como las funerarias Mémora y Áltima. Los críticos con el proyecto acusan al equipo de gobierno de inflar el precio medio de mercado (que Badia situó en 7.100 euros incluyendo IVA y cementerios), mientras que las propias funerarias reconocían que en realidad era de unos 4.500 euros.  

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La republicana Trini Capdevila ha pedido al Gobierno municipal que retire el asunto del pleno para abordarlo en mayo y dar tiempo al Ayuntamiento a negociar con Mémora. Mientras, el portavoz de los populares, Javier Mulleras, también ha pedido retirarlo, pero porque considera que no hay demanda popular para esta medida y ha asegurado que es uno de los peores negocios protagonizado por la “la UTE Colau-PSC-ICV".

La demócrata Sònia Recasens ha explicado que su grupo municipal está a favor de bajar el precio de los servicios funerarios, pero que prefiere otras opciones como rebajar el IVA o rescatar concesiones de algunas de las salas de tanatorios. Recasens ha asegurado que un tanatorio de seis salas “será un fracaso” y no conseguirá aumentar la competencia en el sector. En la misma línea se ha pronunciado Koldo Blanco, de Cs, que ha puesto en duda que la funeraria pública pueda reducir los precios porque apenas contará con el 6% de las salas que hay en la ciudad.

Desde la CUP, el edil Josep Garganté ha criticado que en Barcelona se ha vendido todo lo que se podía vender a lo largo de los años, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy -antes en el grupo Demòcrata- ha expresado sus "serias dudas" sobre la viabilidad económica del proyecto.

PROCESO PARTICIPATIVO

Más de 120 instituciones y profesionales del sector sociosanitario han pedido la apertura de un proceso participativo para buscar una solución de consenso para el nuevo modelo funerario que pretende implantar el Ayuntamiento, según ha comunicado Mémora. Los firmantes del manifiesto aseguran que “el modelo funerario de Barcelona es un referente europeo y se ha construido sobre la de la colaboración con el sector social y sanitario”.

Por su parte, Mémora ha lamentado que el consistorio “se proponga dejar el accionariado de una compañía emblemática de la ciudad” como es Serveis Funeraris de Barcelona, con más de 100 años de edad. La funeraria considera que el Ayuntamiento debería usar su presencia en el consejo de administración de la compañía para incidir en las tarifas del servicio en lugar de crear un tanatorio público.