Descansar en paz en los cementerios de Barcelona depende de que tus familiares paguen la titularidad de la sepultura. Si no lo hacen, la empresa municipal que gestiona los nichos, Cementiris de Barcelona, lo recupera y deposita los restos humanos en una fosa común.

El pasado noviembre, una familia puso una reclamación a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en la que denunciaba que su antepasado había sido desahuciado de su nicho sin que hubieran recibido ninguna notificación al respecto. La concesión había caducado y sin el abono de la cuota (los familiares no tenían constancia que fuera necesaria), la empresa decidió transferir a una fosa común los restos de la persona, los cuales no se han podido recuperar.

Tras recibir la reclamación y estudiar el caso, Vilà elevó al Ayuntamiento, el pasado 23 de junio, una petición para aumentar las garantías del procedimiento de desahucio de los muertos. El consistorio ha tomado cartas en el asunto y ha modificado la Ordenanza de Cementerios para evitar que se puedan producir más casos similares. 

NUEVO ORDENAMIENTO

A partir de ahora, el Ayuntamiento, o en su defecto Cementiris de Barcelona, podrán utilizar el Padrón Municipal y el resto de medios a su alcance para proceder a las notificaciones de caducidad de las licencias de uso de las sepulturas. Además, se contempla un plazo de 30 días tras la notificación para llevar a cabo el desahucio, en caso de que fuera pertinente.

En los casos de impago, como es el caso que supervisó la síndica, si el Ayuntamiento o la entidad gestora no aceptan las alegaciones presentadas, las personas beneficiarias o herederas dispondrán de 15 días desde la notificación de la resolución desestimatoria de las alegaciones para ponerse al corriente de pago o para solicitar una prórroga del pago. Transcurridas las dos semanas sin que se haya producido el pago o sin que se haya concedido una prórroga, se declarará la caducidad del derecho funerario.

En caso de que no se presenten alegaciones se dispondrá de 15 días, contados desde el transcurso del plazo de 30 días previsto para la presentación de alegaciones, para ponerse al corriente de pago. Si pasado este tiempo no se ha producido el pago se declarará la caducidad del derecho funerario.

El texto que se incorporará a la Ordenanza también prevé que, en los casos de caducidad del derecho funerario por estado ruinoso de la sepultura, se pida a las personas beneficiarias o herederas llevar a cabo las obras de construcción o reparación en un tiempo determinado. Durante este periodo, se suspenderá la tramitación del expediente de caducidad por un tiempo que no podrá superar los seis meses.

CUOTA ANUAL DE 60€

El caso supervisado por la Síndica se remonta a noviembre de 2016, cuando recibió la queja de un ciudadano que acababa de ir al Cementerio de Collserola, durante el día de Todos los Santos, y se encontró el nicho de su suegro vacío. Se había desahuciado el nicho, los restos habían sido trasladados al osario común, de donde no se pueden recuperar, y se habían destruido el resto de elementos físicos del nicho.

Ante esta situación, la familia pidió una explicación a Cementiris de Barcelona y se le comunicó que, desde el año 2011, constaba como impagada la correspondiente tasa, unos 60 € anuales. La familia reconoce la existencia de la deuda, pero asegura que no era consciente de ello. En 2011 realizó un cambio de entidad bancaria. La nueva entidad se tenía que hacer cargo de domiciliar todos los recibos, pero en el caso del recibo de Cementerios de Barcelona no se hizo.

A finales de 2014, Cementerios de Barcelona intentó la notificación en el domicilio de la persona interesada para informarla sobre el impago y de las consecuencias que eso tenía, pero el interesado no recibió la notificación. La síndica decía en la resolución que Cementiris actuó conforme a las previsiones de la Ordenanza, respecto al procedimiento de caducidad del título funerario, pero consideró que vistas las consecuencias irreversibles que comportaba (el traslado de los restos al osario común), hace falta extremar las precauciones y asegurarse de que la persona titular conoce las circunstancias y el procedimiento, y lo consiente.