Pese al reciente estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que cifra el gasto medio sin IVA de los servicios funerarios en 3.190 euros, el Gobierno de Ada Colau se mantiene firme en que un operador municipal seguiría suponiendo una opción más barata. 

 Así lo ha reiterado el concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, al debatir tramitar las ordenanzas del sector. El proceso tirará hacia adelante después de que la normativa de Cementerios se haya aprobado con los apoyos del Gobierno de BComú y PSC y también Cs y ERC, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y el PP ha votado en contra de la medida, con la que se pretende adaptar la normativa "a las nuevas realidades sociales" de la ciudad, según Badia.

La de Servicios Funerarios ha recibido el voto a favor de BComú, PSC, Cs y la CUP, mientras que el grupo Demòcrata, ERC y PP se han abstenido, y Badia ha recordado que la normativa pretende "facilitar la entrada de nuevos operadores siempre y cuando se mantenga la calidad" del servicio, entre otros objetivos.

Preguntado por el estudio de UPF, Badia ha sostenido que éste tuvo en cuenta también los servicios de beneficencia y realizados fuera de la ciudad, lo que provoca un "sesgo", según el edil, que ha asegurado que, si se tienen en cuenta los mismos parámetros que el Ayuntamiento, el precio del estudio aumenta un 60%.

Badia ha planteado la posibilidad de rebajar los precios de la pública Cementiris de Barcelona, algo que ha dicho que deberá hacerse con las Ordenanzas Fiscales, y ha asegurado que han puesto en marcha espacios de diálogo con el sector y los trabajadores, tras lo que la concejal socialista Carmen Andrés ha expresado su apoyo a la medida: "Presentamos como Gobierno que somos esta propuesta".

La concejal demócrata Sònia Recasens ha recordado que su grupo está comprometido en reducir el precio de los servicios funerarios pero que exige un "debate honesto y transparente sobre el precio", algo que también ha pedido Koldo Blanco (Cs), que ha exigido dialogar con las empresas y los trabajadores.

La republicana Trini Capdevila ha defendido que estas ordenanzas deben actualizarse, tras lo que el popular Javier Mulleras ha pedido que Cementiris de Barcelona baje sus precios y que se incrementen los servicios de beneficencia, y Josep Garganté (CUP) ha criticado: "Si estamos donde estamos es por la operación de venta del 85% de Serveis Funeraris de Barcelona de PSC e ICV, que han llegado al oligopolio actual".

La misma comisión ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata con diversas medidas para bajar el precio de los servicios funerarios, incluyendo estudiar la rebaja de las tasas de cementerios; instar al Gobierno central a rebajar el IVA de estos servicios; crear una comisión con la Síndica de Greuges de Barcelona con las empresas del sector y el Ayuntamiento, y que los operadores deban ofrecer un paquete básico de servicio.

La propuesta, aprobada con los votos del Gobierno municipal, ERC y PP y la abstención de Cs y la CUP, también pide revisar los actuales criterios de acceso a los servicios de beneficencia gratuitos o subvencionados, para garantizar que un mayor número de familias puedan acceder a ellos.

CÓDIGO ÉTICO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

La comisión también ha aprobado inicialmente el Código Ético de Conducta con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC y también Cs y la abstención del resto de grupos, una normativa que prevé regular la actuación de electos, altos cargos y personal directivo y eventual y prohibir regalos de más de 50 euros y puertas giratorias, entre otros elementos.

El teniente de alcalde Jaume Asens ha resaltado que su objetivo es combatir la corrupción y la desafección de la ciudadanía hacia la política, y ha defendido que "no se trata de una simple declaración de intenciones voluntarista para mejorar la imagen pública de la administración, sino de una norma de obligado cumplimiento", que prevé también sanciones.

Asens ha dicho que el texto ha incluido aportaciones de los grupos municipales, y la concejal popular Àngels Esteller ha solicitado votar una a una las enmiendas no aceptadas del PP, algunas de las cuales finalmente se incluirán al haber logrado mayoría: replantear contrataciones previas a la aprobación del código e incluir una graduación de las sanciones, algo que Asens ha avisado de que contradice la Ley de Transparencia de la Generalitat, por lo que deberán analizarlo los servicios jurídicos.

También han aprobado incluir otra enmienda popular que el Gobierno municipal considera que ya estaba regulada, para evitar la contratación de personal directivo y eventual con entidades en los que pueda existir un conflicto de intereses con familiares, tras lo que el demócrata Jordi Martí ha pedido no contratar a parejas tampoco como cargos de confianza, ante lo que Asens ha dicho que estos cargos no se pueden regular y que son de elección discrecional: "Si son cargos de confianza, es por la confianza que se tiene en ellos".