El año 2015 se aprobó la ley de pobreza energética, según la cual familias vulnerables que no pueden hacer frente a las cuotas podían pedir que se les bonificara el servicio básico, entre ellos el consumo del agua. Así, en 2016, el fondo social de Aigües de Barcelona alcanzó las 25.234 facturas en la capital catalana. Es decir, no pagaron el consumo del agua que supone poco más del 30% de la factura total. Pero otros impuestos incluidos en el recibo, como por ejemplo el servicio del alcantarillado y del tratamiento de residuos, no quedaron exentos. Y las dos administraciones que cobran dichos tributos en la capital catalana son el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Un documento facilitado por la empresa mixta (participada al 70% por Agbar, 15% por el AMB y otro 15% por Criteria-La Caixa) asegura que de las 25.234 facturas incluidas en el fondo de solidaridad, el 88% sí pagó a la administración impuestos como el alcantarillado o el tratamiento del agua y el 12% restante no desembolsó ningún importe. Así, el importe del alcantarillado facturado y cobrado por el Ayuntamiento ascendió en 2016 a 58.926 euros, mientras que el de residuos fue de 184.510 euros en Barcelona ciudad, importe cobrado al 70% por la AMB.

Los datos han sido facilitados por la empresa mixta Aigües de Barcelona minutos antes de celebrar la junta de accionistas en su sede social. Tras compartir la información con los medios, el consejero delegado de la misma, Albert Martínez Lacambra, ha exigido “corresponsabilidad a todas las administraciones en tema de pobreza”, señalado tanto al equipo que lidera Ada Colau como a la AMB, también presidida por la alcaldesa.

POBREZA ENERGÉTICA

“Es importante tener en cuenta que Aigües de Barcelona ha destinado 2,2 millones de euros en 2016 y, en lo que llevamos de 2017, 1,8 millones de euros para resolver el problema de pobreza energética. Pero hay que tener en cuenta que la pobreza energética no es selectiva. ¿Qué quiere decir esto? El que no puede pagar el agua no puede pagar el alcantarillado y no puede pagar la tasa de residuos”, ha sentenciado Martínez Lacambra.

El también director general de Agbar ha asegurado que desde Aigües de Barcelona se ha trasladado esta petición de forma reiterada a ambas administraciones públicas. “En 2015 se aprobó la ley de pobreza energética. Han pasado dos años y a día de hoy no tenemos respuesta”, apostillaba Martínez Lacambra.

ALCANTARILLAS Y RESIDUOS

En el caso del tratamiento de residuos, que casi el 70% de la facturación depende de la AMB, a las familias vulnerables no se les cobra el impuesto de mantenimiento quedando como una deuda pendiente que a finales de año se liquida siempre y cuando el importe sea menor de 100€, que es lo que suele pasar en el caso de las familias.

En el caso del alcantarillado, que depende de cada Ayuntamiento, el vicepresidente de Medio Ambiente de la AMB, Eloi Badia, ha asegurado que de forma inminente, antes de verano, plantearán un cambio de ordenanza que les permita afrontar este tipo de situaciones.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

“Los estamos analizando. No tendría sentido que la ley 24/1015 que debería incluir todos estos conceptos. Tenemos que ver cómo se podría hacer este ajuste. Estos seguramente nos obligará a hacer algún tipo de tramitación en el marco de las ordenanzas”, ha explicado Badia a los medios de comunicación. “Hay que ver cómo liquidar estos impuestos. Sí podemos asegurar que en ningún caso, a ninguna familia vulnerable se les cobrará”, ha sentenciado el regidor de Energía y Agua del consistorio barcelonés.

“Hay que acabar de ver el encaje. Lo tenemos que llevar a votaciones tanto del pleno del Ayuntamiento de Barcelona como del consejo de la AMB. La idea sería el equiparar todos estos importes que podríamos considerar suministros básicos del hogar en caso alcantarillado, en caso residuos,  dentro de este marco de esta ley que nos habla de una vivienda digna”, ha sostenido el también regidor de Gràcia.

Como ha aclarado el concejal de Barcelona en Comú, de las personas que no desembolsaron dinero para pagar los correspondientes impuestos municipales en la factura del agua, a estas no se les  genera una deuda. No se les requiere en clave de deuda, pero queda el recibo pendiente. “Sí que tenemos una serie de pagos que tenemos que ver cómo le hacemos frente, si desde la administración o de forma conjunta o ver a quién le tocaría hacer frente y acabar de reglamentarlo en el marco de una ordenanza”, aseveraba Badia tras la junta de accionistas.

RESULTADOS DE AIGÜES DE BARCELONA

Una junta en la que Badía, como representante de la AMB, ha votado en contra de las cuentas así como del dividendo del 90% a repartir entre los accionistas que, traducido en dinero, alcanza los 24,9 millones de euros. Pese a ello, se ha aprobado.

En cuanto a los resultados, Aigües de Barcelona facturó en 2016 384 millones, el 1,28% menos respecto al ejercicio de 2015. El beneficio también ha caído, en este caso un 5% hasta los 27 millones. Ante este último dato, Martínez Lacambra ha querido destacar que el resultado responde a una bajada de la tarifa del 2,39% gracias a la reducción de la retribución financiera.