El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el convenio firmado con la Generalitat de Catalunya para traspasar los funcionarios del consistorio al CatSalut. De esta manera se ha puesto punto final al PAMEM, la mutua municipal que actualmente ya arrastraba un déficit de 22,9 millones de euros. Tal como ha señalado la teniente de alcalde, Laia Ortiz, es “un paso importante para refirmar la apuesta por el sistema público”.

Ortiz ha reflejado que el desmantelamiento de la mutua era “una asignatura pendiente” desde 1993. “Afrontamos una cuestión que todos los grupos de este plenario han dicho que había que hacer, pero nunca se han atrevido a hacer”, ha reprochado la teniente de alcalde. Critica que entre la oposición no ha sentado nada bien y que ha replicado recordando el malestar entre algunos funcionarios. Decenas de ellos se han manifestado esta misma mañana en la plaça de Sant Jaume y en el salón de plenos contra el convenio que finalmente se ha aprobado.

FORMAS CUESTIONADAS

Con los votos favorables de ERC, el regidor independiente Gerard Ardanuy y la abstención de la CUP – Capgirem Barcelona, el convenio con la Generalitat ha tirado adelante. Si bien puede sorprender que el grupo Demòcrata haya rechazado el plan que ha confeccionado el Gobierno que preside en la Generalitat, su regidora Mercè Homs ha justificado la postura del grupo municipal, porque “el Gobierno gira la espalda a los trabajadores municipales”. “Votamos en contra de la forma de hacer”, ha insistido Homs.

Desde Ciutadans, el concejal Paco Sierra ha lamentado el “desahucio” de funcionarios adscritos en que se hará en el PAMEM. Una opinión a la que Montse Benedí de ERC ha sumado el consejo de “escuchar a los sindicatos a la hora de tomar decisiones”, ya que “los usuarios no han recibido la suficiente información”, opina. Aún así, los republicanos han votado a favor del convenio capitaneado desde la Generalitat por su conseller Toni Comín.

LA DEUDA ACUMULADA

La bancada popular ha considerado que “para tomar una decisión así, antes tenemos que tener una radiografía exacta de la situación”. “Convenio sí, pero no así”, ha sintetizado el edil Alberto Fernández Díaz. Él mismo ha pedido que traslade a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas las presuntas irregularidades y las contrataciones que se han llevado a cabo en el PAMEM en los últimos años.

Además, el PP también ha pedido encargar una auditoría externa donde reine la “transparencia”. Una cuestión a la que la CUP – Capgirem Barcelona ha recibido con cierta ironía, al apuntar que sea “precisamente” el PP el que pida transparencia. Si bien la CUP se ha sumado a esta petición de auditoría aceptada por la regidora Laia Ortiz, la izquierda independentista no ha recibido respuesta al pedir el impago de la deuda hasta que no se conozca su origen.