Sillas de ruedas, pancartas, chalecos y fotos invadirán este jueves la plaza Sant Jaume de Barcelona. Desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, algunos ancianos (los que se puedan desplazar) y sus familiares protestarán a las puertas de la Generalitat por la situación en la que viven 494 personas mayores en cinco residencias públicas gestionadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE), INGESAN (filial de OHL)  y ASPROSEAT. Las familias, agrupadas en una Coordinadora, denuncian la dejadez de las instalaciones así como la falta de personal para cuidar a personas que requieren de una atención constante.

“Para nosotros es un maltrato cuando a una persona no la cambias cuando la tienes que cambiar, cuando no la lavas cuando la tienes que lavar, cuando no la llevas al baño porque no hay nadie que la pueda llevar y cuando no haces los cambios posturales para que no se llaguen”, explica la portavoz de la Coordinadora de familias, María José Carcelén.

Los cinco centros son la Mossèn Vidal i Aunòs; la Bon Pastor; la de Alchemika; la Bertran i Oriola y El Molí, pero fue en la primera en la que las familias empezaron a notar los cambios. Fue en abril de 2016, cuando la UTE ganó el concurso por una oferta muy por debajo del valor de licitación establecido por la Generalitat, explican los familiares. “En algunas residencias fue de casi el 15% menos, determinante para que consiguieran las adjudicaciones y es la causa de la situación en la que nos encontramos”.

UNA ATENCIÓN “INDIGNA"

Una situación que según los familiares se traduce en dos gericultoras por planta en vez de tres como hasta la fecha. Dos especialistas para 28 ancianos. En el caso de la residencia Mossèn Vidal i Aunòs, de estos 28, 26 requieren atención permanente. Pero no es un caso único. Los familiares sostienen que en las cinco residencias  se ha “reducido la plantilla en todas ellas, incumpliendo así los ratios establecidos en los respectivos pliegos de prescripciones técnicas sobre la que se hicieron las adjudicaciones”.

La falta de personal y, por consiguiente, la peor atención es uno de los factores determinantes que han llevado a las familias a movilizarse. “Las personas no están atendidas. Las que no tiene movilidad no pueden bajar a hacer actividades. Tenemos denuncias por infecciones de orina por no cambiarlas. Todo esto significa que las personas reciben una atención que no es digna”, subraya la portavoz. Considera que los gericultores hacen todo lo que puede, pero no llegan a todos por la falta de recursos. Un problema al que se suman otras deficiencias enumeradas por la Coordinadora.

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Familiares de los ancianos en una manifestación el pasado 1 de mayo / Coordinadora

FALTA DE MATERIAL

“Deficiencias médicas que reciben los ancianos, falta de material como toallas, esponjas, platos, cubiertos, pañales o compresas que las que hay son de baja calidad. Igualmente, hay material totalmente deteriorado como sillas para duchas, sábanas o toallas”, puntualizan en el comunicado.

En el punto de mira, la filial de la constructora de OHL. “Lo que nosotros decimos es que vienen a especular. Se ha acabado el ladrillo y ahora especulamos con los abuelos. Las cosas son así de claras, la constructora OHL ha venido a especular”, sostiene Carcelén.

REUNIONES CON LA GENERALITAT

Las familias han asistido a manifestaciones, han acudido a Audiencias Públicas y Plenarios del distrito de Sants-Montjuïc para exponer su preocupación y se han reunido con miembros del Govern. El pasado 5 de mayo mantuvieron su primer encuentro con el Secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies y otros cargos de la Generalitat para pedir medidas como la recuperación de puestos perdidos y la mejora de la atención.

Entonces, los representantes gubernamentales reconocieron los problemas y aseguraron que habría mejoras en la siguiente reunión, prevista el 1 de junio. Tras el segundo encuentro, las familias consideran que la situación denunciada sigue igual y ante la falta de soluciones,  han decidido pasar a la acción y trasladar la propuesta a la puerta de la Generalitat.

RESPUESTA DE OHL

Por su parte, fuentes de OHL aseguran que la ejecución de todos sus contratos “se realiza con arreglo a las propuestas presentadas y adjudicadas atendiendo a los criterios fijados por el cliente”.

Además, aseguran que “los dimensionamientos de personal de cada centro cumplen rigurosamente con lo establecido en los proyectos técnicos presentados y adjudicados” y que “en el caso concreto que nos indica, la UTE está cumpliendo en cada uno de los contratos con los ratios de normativa y las condiciones establecidas" en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas.