Cinco residencias de Barcelona están en el punto de mira. Los centros Mossèn Vidal i Aunòs; Bon Pastor; Alchemika; Bertran i Oriola y El Molí están bajo el paraguas de la Generalitat pero desde abril de 2016 los dirigen la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por INGESAN (filial de OHL Servicios) y ASPROSEAT. Las familias de los 494 ancianos sostienen que tras ganar el concurso, el ratio de personal ha caído y la calidad de la atención así como de las instalaciones. Este jueves se han concentrado en la plaza Sant Jaume durante 12 horas con el apoyo de diferentes miembros del gobierno local que se suma a la investigación que ha abierto la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vidal.

La primera en acercarse al grupo de familiares y ancianos (los que sí se han podido desplazar) ha sido la alcaldesa, Ada Colau, quien les ha ofrecido el apoyo del consistorio para intermediar ante esta problemática. También han acudido la regidora de Infancia, Juventud y Personas Mayores, la socialista Carmen Andrés, y los regidores del distrito de Sants-Montjuïc y Sant Martí, Laura Pérez y Josep María Montaner, respectivamente.

 

APOYO EXPLÍCITO DEL AYUNTAMIENTO

Para Pérez, quien ha seguido de cerca el caso de la residencia Mossèn Vidal i Aunòs situada en el distrito donde gobierna, la bajada de ratios de personal “impacta muy negativamente en la salud y en el bienestar de las personas mayores”. Asimismo, ha reconocido a Metrópoli Abierta que “es un tema que nos preocupa mucho porque es un contrato que ya se hizo con unos ratios más bajos. Ahora la Generalitat tiene que ver qué mecanismos tiene para que suban en un contrato que está firmado hasta finales de año”.

La también regidora de Feminismos y LGTBI ha asegurado que la tercera teniente de alcaldía, Laia Ortiz, ha mantenido diversas reuniones con la Generalitat vía Consorci de Serveis Socials. También ha destacado la presión ejercida sobre los grupos políticos en el Parlament. El objetivo es el de “acompañarlos desde los distritos en esta lucha, incluso sabiendo que el contrato no es nuestro y que no somos parte de este convenio, pero para apoyar un tema que es de justicia”.

RESPUESTA DE LA PARTES IMPLICADAS

Ante toda esta situación, fuentes del departamento de Benestar Social i Familia reconocen que tras recibir denuncias “en cascada”, han hecho diversas inspecciones para valorar la situación y no se ha podido constatar el incumplimiento del contrato. “Los ratios que se aplican son los que se licitaron en su momento”, declaran, aunque reconocen que hay puntos de mejora que se han requerido a las adjudicatarias.

“Más allá de los procesos administrativos abiertos, se ha trasladado a la dirección de la UTE la necesidad de establecer un plan de choque por tal de recuperar la credibilidad perdida ante los usuarios”, puntualizan las mismas fuentes. Pero no es la única propuesta sobre la mesa. “Estamos trabajando con los proveedores para mejorar las condiciones y calidad de la atención, sin descartar la opción de hacer un nuevo concurso con nuevos pliegos que permitan aumentar la presencia efectiva de profesionales de atención directa”, subrayan desde la Generalitat.

En la misma línea se expresan fuentes autorizadas por OHL, que aseguran que cumplen con el contrato y con los ratios establecidos. Los mismos interlocutores aseguran que la Generalitat ha validado su servicio y que el próximo día 21 de junio volverán a reunirse con el resto de las partes implicadas para abordar la situación. Su filial de servicios INGESAN junto a ASPROSEAT tienen el contrato hasta finales de diciembre, en el que se contempla una posible prórroga de 12 años. Impedirlo es ahora el caballo de batalla de los afectados.

Exterior de la residencia Mossèn Vidal i Aunòs / M.S.
Exterior de la residencia Mossèn Vidal i Aunòs

LOS DETALLES DE LAS DENUNCIAS

Las familias, agrupadas en una Coordinadora, tildan de grave la situación que viven los ancianos por la falta de personal. Aseguran que, en algunas plantas, ahora hay dos gericultores por cada 28 ancianos de los cuales 26 requieren atención permanente. Constatan que hay un profesional por cada 14 residentes cuando las familias piden, como mínimo, un profesional por cada ocho ancianos. A ello se suma falta de material como toallas, cubiertos o pañales y “el material totalmente deteriorado como sillas para duchas o sábanas”, según los familiares.

"Lo que nosotros decimos es que vienen a especular. Se ha acabado el ladrillo y ahora especulamos con los abuelos. Las cosas son así de claras, la constructora OHL ha venido a especular”, sostiene la portavoz de la Coordinadora, María José Carcelén.

Las familias  no quieren que se le renueve el contrato a este UTE y que se mejoren los ratios. Hasta que finalice el contrato con la UTE, las familias proponen una medida de urgencia para mejorar la calidad de los vecinos. “Con una oferta que muy por debajo del valor de licitación, la Generalitat se ha ahorrado mucho dinero, calculamos que entorno a un millón. Que lo destine a dar una solución ahora”. Una propuesta más todavía sin respuesta.