Los arrendatarios han dicho basta. Basta a “la especulación inmobiliaria que no tiene límites y que hace negocio con nuestros hogares y nuestras vidas”, ha señalado el portavoz, Jaume Palomera. El nuevo Sindicat de Llogaters se ha dado a conocer este martes a la prensa y se espera que lo haga el próximo viernes de forma oficial. “Creemos que ha llegado la hora que los arrendatarios nos organicemos en defensa de un alquiler justo”, ha esgrimido Palomera.

PONER FIN AL "ABUSO INMOBILIARIO"

“Solo en Barcelona somos 200.000 personas las que vivimos de alquiler; más de un tercio de la ciudad”, señala Palomera. Por ello, decenas de personas procedentes de distintos espacios han lanzado esta iniciativa para “defender el derecho a la vivienda y que se acabe con el abuso inmobiliario que nos precariza”. De hecho, son conscientes de que la idea no es nueva. En Suecia y Alemania hay sindicatos de arrendatarios que funcionan desde hace muchos años con resultados palpables.

En el caso de Barcelona, el sindicato ha sido engendrado por un total de 16 entidades (entre las que destacan el Observatori DESC y la FAVB), y funcionará como un verdadero grupo de presión. Al fin y al cabo, la intención es que “las personas que vivimos de alquiler dejemos de estar solas”. Entre sus distintos campos de actuación, destacan la lucha contra “los alquileres abusivos” que marcan los propietarios, la “intermediación” entre arrendadores y arrendatarios y un bloque de presión para tumbar la nueva legislación impulsada por el PP. Anhelan un “cambio histórico”.

UN PROBLEMA DE CIUDAD

No es solo un problema de Ciutat Vella o Gràcia. Tal como ha remarcado Palomera, la especulación inmobiliaria sobre los alquileres abusivos provoca “sufrimiento de los barrios del centro y en los de la periferia”. En Nou Barris y en Badalona también existen los “desplazamientos invisibles”. Aquellas idas y venidas de familias que, al no poder hacer frente al precio medio del barrio donde están arraigadas, se ven obligadas a abandonar su entorno para instalarse en una nueva zona con la que no tienen ninguna vinculación. Circunstancia por la que también ha pasado Irene Sabaté, otra de las portavoces del nuevo Sindicat de Llogaters.

“Nos encontramos en una situación de injusticia flagrante”, denuncia Sabaté. En un primer sentido, por “los precios excesivos de alquiler”. Mientras que el precio medio de Barcelona es de 801 euros, un tercio de sus vecinos cobra menos de 843 euros al mes, señalan desde el sindicato. Además, Sabaté destaca que “la presión va en aumento; hoy los alquileres son un 9% más caros que hace un año”. Y cuando la presión es insoportable... se sobreviene la expulsión. Hoy en día, en las calles de Barcelona se producen nueve desahucios de media, señalan desde la plataforma. Estadística que no incorpora los desplazamientos invisibles. Estos ya son incuantificables.

LA DEROGACIÓN DE LA LEY VIGENTE

Desde el sindicato también buscarán alianzas con otros movimientos similares de Madrid o Canarias. El objetivo es común: la derogación de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), impulsada en 2013 por el PP en el Congreso de los Diputados y que recortaba los contratos de cinco a tres años. De hecho, este 2017 finalizaran 44.000 contratos firmados bajo la nueva legislación. Una situación que se debe de evitar mediante la “derogación inmediata” de la LAU y “sustituirla por una ley más justa, que ponga en el centro el derecho de la vivienda”, apunta Sabaté.

"Ante una ley que nos precariza, utilizaremos todos los medios disponibles”, amenaza Palomera. De hecho, entre las herramientas de presión que pretende utilizar el sindicato se encuentra la 'huelga de alquileres'. Una vía que ya fue utilizada en 1931, cuando los alquileres representaban entre el 30% y el 40% de los ingresos de las familias, tal como señala el historiador Xavier Díez. Hoy, ese porcentaje de gasto familiar esta por encima del que motivó la huelga de alquileres que provocó el pánico entre los propietarios, porque cuestionaba su poder, analiza el historiador.

UN CAMBIO POLÍTICO INSUFICIENTE

Tal como ha constatado el grupo impulsor del Sindicat de Llogaters, el cambio político en las administraciones locales ha servido para evidenciar que hay algunos elementos que no se pueden cambiar desde las instituciones. Por ello, hacen un llamamiento a la autorganización autónoma de los arrendatarios y a crear un grupo de presión que obligue, ahora sí, a asumir las corresponsabilidades de las administraciones en materia de vivienda, como puede ser “la creación de un verdadero parque público de vivienda”, destaca Palomera. “Las administraciones incumplen la garantía al derecho a la vivienda” y “no fomentan el alquiler como alternativa a la compra”, añade Sabaté.

Desde el sindicato también han querido recordar el mobbing que sufren muchos inquilinos. “Se multiplican los casos de violencia inmobiliaria, donde el deterioramiento es deliberado y el propietario busca la sustitución de su inquilino”, destapa Sabaté. Por ello, desde la organización se han propuesto “perseguir las prácticas de acoso inmobiliario” y señalaran “a los responsables del abuso inmobiliario, para que se les persiga legalmente y se erradiquen sus prácticas”, explica la portavoz.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SINDICATO?

La afiliación funcionará como en cualquier otra organización sindical. Sus integrantes pagarán una cuota anual que estará en torno a los 30 euros, aunque la cuestión económica no será impedimento para recibir su asesoramiento. Al fin y al cabo, la organización pretende profesionalizarse y pagar a aquellas personas que colaboren con la plataforma. “No podemos fomentar la precarización laboral de quienes colaborarán con nosotros”, argumenta Palomera.

Además, en breves pondrán en marcha una campaña de crowfunding para dar apoyo a toda la estructura logística. En la campaña de micromecenazgo esperan recaudar 20.000 euros para poder engrasar la maquinaria sindical, aunque la intención es ingresar más líquido económico por vía de las afiliaciones y así poder pagar a los abogados y arquitectos. Por ahora todavía no está clara cuál será la logística de la organización, pero la intención es la de implantarse (para empezar) solo en Barcelona.

EL AYUNTAMIENTO APOYA AL NUEVO SINDICATO

El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha celebrado la creación del sindicato y ha asegurado que la organización servirá para reforzar el papel del alquiler en la capital catalana. Según Montaner, este se ha creado en "un momento más que necesario por la dificultad de acceder a un alquiler". De hecho, el Gobierno municipal ha vuelto exigir al Gobierno central la revisión de la LAU, una ley que está dejando a mucha gente “abandonada", en opinión del Montaner.

El regidor ha pedido trabajar entre administraciones para garantizar el derecho a la vivienda y reducir los precios de los alquileres que, según él, deberían disminuir una vez entre en funcionamiento el índice de referencia de precios del alquiler que presentó la Generalitat hace unos meses. "De nuevo, Barcelona se ha avanzado al resto del Estado y ha creado el primer sindicato de inquilinos", ha incidido.