La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene 48 horas para responder a la disyuntiva que le ha planteado el Govern. A través de una carta, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han avisado a todos los ediles catalanes de que el 1 de octubre deben ceder los locales que habitualmente se utilizan en las elecciones.

La misiva se envió en la noche del miércoles, después de la firma del decreto de convocatoria del referéndum, y está fechada a 6 de septiembre. De esta manera, los alcaldes tendrían tiempo para presentar alegaciones hasta la noche del viernes.

Puigdemont y Junqueras argumentan en la carta que la ley del referéndum ya es vigente y se amparan en el artículo 3.2 de dicha norma, que establece un régimen jurídico excepcional para garantizar la consulta, y en artículo 29.2, que obliga a los ayuntamientos catalanes a poner a disposición del Govern los locales de su titularidad y que se usan habitualmente como centros de votación.

Ante la previsible negativa de algunos consistorios, señalan que el Govern "podrá establecer puntos alternativos de votación" para facilitar la participación de todos los catalanes. En este sentido, reiteran que ahora hay un "régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum" y que los cargos públicos deben cumplirlo.

EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE EL 1-0

Tras recibir las impugnaciones formuladas por el Gobierno de Mariano Rajoy, el pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este jueves por la tarde de forma cautelar la convocatoria del referéndum y ha acordado apercibir personalmente a los 948 alcaldes catalanes para recordarles que deben obedecer la prohibición de no participar en su organización. En caso de no acatarla se enfrentan incluso a responsabilidades penales.

Antes de responder a la petición de Puigdemont y Junqueras, y una vez recibido el auto del Constitucional, el consistorio ha pedido dictamen al secretario municipal y a los servicios jurídicos municipales. Colau se ha comprometido a responder al Govern este mismo viernes. "Mantenemos la plena disposición a facilitar la participación a toda movilización democrática, sin poner en riesgo institución ni funcionarios", ha adelantado a través de Twitter, a la espera de su decisión final.