El alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado que "no ve justificado" que grupos de la oposición (excepto la CUP - Capgirem Barcelona) forzaran a aplazar la Comisión de Economía y Hacienda y la de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad por su ausencia. Una falta de asistencia debida a un viaje a Madrid. En la capital participaría en un acto contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), junto a otros representantes municipales de distintos colores políticos.

EL QUÓRUM ESTABA GARANTIZADO

Tras un reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, Pisarello ha defendido que la suspensión de las comisiones no era procedente desde un punto de vista jurídico: "No es la primera vez que un teniente de alcalde no asiste a una comisión", ha observado, y ha insistido en que su intención no era menospreciar a las instituciones municipales.

El alcalde accidental también ha recordado que el informe a la Secretaría General del consistorio ha concluido que no era procedente levantar estas sesiones, ya que el quórum estaba garantizado y había miembros del Ejecutivo que podían responder a la oposición: "Es una limitación injustificada al resto de fuerzas políticas a poder debatir los puntos que se tratan en el orden del día". Además, Pisarello ha a asegurado que el Gobierno municipal valora el trabajo que lleva cabo la oposición y ha garantizado que se tramitarán los expedientes que necesitan ser aprobados antes del pleno municipal.

EL VIAJE A MADRID

Por último, el teniente de alcalde ha alegado que su viaje a Madrid trataba de reclamar unos mejores presupuestos para las ciudades y que respondía a criterios de defensa de los intereses y representación de la capital catalana. En temas políticos que, precisamente, “la propia oposición había considerado relevantes". Por este motivo, ha reclamado evitar la politización de las instituciones.

Los representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia, Zaragoza y Terrassa acudieron el pasado jueves al Congreso para denunciar el golpe que, a su juicio, supone para los municipios y la autonomía local el proyecto de presupuestos generales del PP. Máximos dirigentes municipales que trataron de hacer tomar conciencia a los representantes de la cámara baja sobre los peligros que pueden suponer los recortes en las aportaciones a la financiación municipal. Además, pidieron la reversión de la llamada "Ley Montoro", impuesta a las administraciones municipales.
 

Según el comunicado, la doctrina del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impide que los municipios gestionen los recursos del superávit que generan, una medida "ineficiente", "injusta" y "antidemocrática" que ataca a las administraciones "más cercanas a la ciudadanía". Entre sus reivindicaciones, solicitaron al Gobierno que les permita disponer libremente de los remanentes del superávit para invertir en servicios sociales, que aumente las aportaciones del Estado a la financiación local en concordancia con la previsión de crecimiento del PIB y que revierta la limitación de las plantillas de las entidades locales. Según Pisarello, es "inadmisible" que el PP pretenda revertir mediante esos presupuestos y "por la puerta de atrás" procesos de privatización que afectan a los derechos laborales de los trabajadores.