Con nocturnidad y alevosía. O de una manera casi clandestina. De ese modo tan poco transparente se puso en marcha este miércoles la comisión de investigación sobre irregularidades en las empresas municipales Bimsa y Barcelona Regional (BR) entre 2011 y 2015, es decir, durante el mandato de Xavier Trias como alcalde y con el punto de mira puesto en Antoni Vives, concejal de Urbanismo en esa época. La comisión fue creada el pasado 26 de mayo, pero no se ha constituido hasta ahora, lo que no deja de ser una anormalidad. Hasta esta semana, tanto el equipo de Gobierno de Ada Colau como la oposición encabezada por el propio Xavier Trias habían boicoteado descaradamente esa comisión, hasta el punto de que la pasada semana sólo acudieron a su puesta en marcha los representantes de Ciudadanos y del PP… y no hubo quórum suficiente para que echase a andar. 

Este miércoles, finalmente, comenzó sus sesiones. La representante del PP, la concejal Àngels Esteller, pidió una ampliación de las investigaciones para que se retrotraigan al año 2007. “Algunas actuaciones realizadas en el 2011 tuvieron su origen en la anterior legislatura, por lo que queríamos que se comenzase a investigar en aquel año, pero la moción fue rechazada”, explica Esteller a Metrópoli Abierta. Ésa fue también una petición que había realizado ERC (petición que luego fue apoyada por el PDeCAT) antes de la constitución de la comisión. Este miércoles, en cambio, rechazaron la petición del PP en ese sentido. 

También se rechazó una ampliación del objeto a investigar: el órgano creado permitirá bucear en la gestión de la empresa Barcelona Regional, de Bimsa y del Instituto Municipal de Informática. Operaciones relacionadas con estos tres organismos están bajo investigación en Fiscalía. La representante popular pidió que también se pusiese la lupa en otros temas investigados por la Oficina Antifrau o que figuran en otros sumarios judiciales, como el Consorcio de Educación de Barcelona (investigado en el sumario del 3%), o Port Vell (en el que presuntamente quiso invertir la mafia rusa). La petición fue también rechazada

Esteller se queja de que “el Gobierno municipal tendría que habernos entregado ya un informe sobre cómo están las actuaciones legales sobre las compañías a investigar, pero no lo ha hecho. Nos tendría que haber dado información sobre los expedientes, cómo están los trámites en los juzgados. De momento, no sabemos cómo van las diligencias, quiénes están implicados ni el alcance de los hechos. Esto es un despropósito”. La desgana con que tanto el Gobierno municipal como la oposición convergente encaran esta comisión es épica y se traduce en la ausencia del informe municipal que ha de servir de base a las investigaciones. 

CONTRATOS CON LA FAMILIA PUJOL 

Pero los hechos no son nuevos: una auditoría de Barcelona Regional destapó multitud de irregularidades en la etapa en que Antoni Vives era su presidente y Willy Müller su director general. Por ejemplo, BR pagaba cada año un contrato a la empresa Entorn, de Pere Pujol Ferrusola (en realidad, la empresa es de la familia Sumarroca y Pere Pujol es accionista minoritario, aunque sí es directivo). De momento, ha aflorado que el primer contrato fue de 37.570 euros en el 2012 por hacer un análisis de las condiciones medioambientales en un sector del Puerto de Barcelona. En los siguientes años, sumó 17.800, 37.000 y 50.000 euros más a otros tantos trabajos con sendos estudios ambientales de las playas de Barcelona. Este último, por ejemplo, se sitúa en la linde de convertirse en concurso público: si sobrepasa los 50.000 euros, no podrá adjudicarse por medio de lo que se conoce como procedimiento negociado, sino que ha de convocarse un concurso público. En los expedientes de todas esas adjudicaciones hay graves irregularidades que hacen sospechar que los contratos fueron decididos arbitrariamente por los responsables municipales. 

Otra de las empresas beneficiadas es la compañía Èxit de Disseny, de Marc Escudé, sobrino de Marta Ferrusola. Esta compañía disfrutaba también de contratos anuales que variaban de 10.000 a los 61.000 euros. 

CONTRATACIONES FANTASMA  

No deja de ser curiosa, asimismo, la contratación de Antoni Miquel Cerveró, el vocalista de Los Sírex y antiguo concejal de CiU, que fue contratado como técnico y llegó a cobrar unos 50.000 euros anuales a pesar de no aparecer por las instalaciones de la compañía. En la misma situación se encontraba Jesús Arévalo, exalcalde (de CiU) de Cervelló. Ambos se embolsaron en esas fechas un total de 214.612 euros. “Los querellados Arévalo y Miquel nunca comparecieron en BR ni prestaron servicio alguno para dicho ente, en el que resultaban completamente desconocidos, no obstante lo cual percibieron la retribución, nada desdeñable, que correspondía a su teórico puesto de trabajo en la sociedad”, relata la querella que el fiscal Emilio Sánchez Ulled interpuso a finales de noviembre del 2016 contra Vives, Müller, Cerveró y Arévalo. Todos están acusados de prevaricación, trafico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. 

En la querella, la Fiscalía daba algunas pinceladas casi sarcásticas: el proyecto para el que había sido contratado Leslie no existía. Además, en el contrato se le incluyó en el grupo profesional de titulado superior para la realización de funciones de asesor ingeniero. “Pues bien, esa afirmación resulta completamente mendaz, puesto que el querellado Antoni Miquel carecía, y carece, de la titulación universitaria requerida para ello, extremo perfectamente conocido por los querellados Vives y Müller”, dice la querella del fiscal.  

GASTOS SUNTUOSOS 

Entre otoño del 2011 y primavera del 2015, la agencia municipal gastó 2 millones de euros en “proyectos antieconómicos y ruinosos” en el extranjero. Nadie, ni siquiera los órganos de dirección o los responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona lo sabían. 

El director general de la compañía también cargó a las cuentas de la misma gastos muy sospechosos, como estancias en hoteles de lujo en Moscú o Brasil, comidas en fines de semana, entradas para parques de atracciones o pagos a terceros que nadie sabe quiénes son. 

EL TÚNEL DE LES GLÒRIES 

El caso de Bimsa es más llamativo: esta sociedad es la adjudicataria de obra pública de Barcelona y fue la encargada de otorgar las obras del fallido túnel de Glòries. La sorpresa saltó en febrero pasado, cuando la Guardia Civil, por orden del juez Josep Bosch, de El Vendrell, detenía a varios empresarios y dirigentes de Convergència en el marco del caso 3%. Uno de los detenidos fue Antoni Vives, que en su tiempo había sido la mano derecha de Artur Mas. El juez sospecha que en las adjudicaciones del túnel hubo amaños y pagos de comisiones, aunque la investigación sigue su curso y no hay un desenlace todavía. 

En realidad, Vives también había modificado el plan urbanístico del Puerto en el que se iba a ubicar un puerto para yates de lujo y había elevado la concesión de cinco a diez años para que los rusos Pavel Sukoruchkin y Pavel Novoselov (ambos relacionados con Lukoil) saliesen beneficiados, pero los grupos municipales vetaron la posibilidad de ampliación de la investigación a ese proyecto.