Tras el calambrazo que produjo el jueves (9 de marzo) la sentencia del Tribunal de Contratos Públicos de la Generalitat al gobierno municipal, este ha anunciado que recurrirá la anulación del contrato eléctrico con un contencioso administrativo ante el TSJC. El regidor de Energía, Eloi Badia, se ha enrocado en lo que ya dijo semanas atrás y ha asegurado que en el contrato “no añadíamos ninguna obligación que no tenga la ley 24/2015”.

Badia se ha mostrado plenamente convencido de que “ha de existir la posibilidad de que podamos incorporar medidas sociales y ambientales en la contratación”. Además, asegura que en el contrato ya estaba implícito el cumplimiento de la ley 24/2015, “solo que nosotros explicitábamos algunas partes; no hacíamos ninguna obligación más que las que marca la ley”.

GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO TRABAJARÁN JUNTOS

Ahora el consistorio estudiará si la forma del redactado era el correcto. Un estudio que llevará a cabo junto a la Generalitat de Catalunya, tal como ha asegurado Badia, tras mantener una conversación con el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. “Ambos estudiaremos cómo incorporar nuevas medidas de pobreza energética”, ha explicado en rueda de prensa, aunque también ha aludido a una posible falta de “comprensión de la propuesta” por parte del tribunal.

A la referencia que había hecho el Tribunal de Contratos Públicos sobre la falta de convenios firmados entre el Ayuntamiento y algunas empresas suministradoras, Badia ha asegurado que las negociaciones se llevarán a cabo a partir de lo que establece la ley. Además, en el caso de que las empresas eléctricas se nieguen a firmar dicho convenio, el regidor ha recordado que “la ley te obliga a firmar el convenio si este está marcado por lo que dice la propia legislación”.

BADIA REPROCHA A LAS MULTINACIONALES NO FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN

El edil ha lamentado “tener compañías multinacionales con balances que les dan beneficios multimillonarios” y que “hoy todavía se esfuerzan en formar parte del problema, en lugar de la solución”. El ejecutivo municipal ha asegurado que ya ha recibido llamadas de apoyo de otros municipios como Sabadell o Badalona, los cuales han comunicado la intención de “hacer todo lo posible y lo que esté en sus manos para vincular los contratos a la pobreza energética”.

Según a defendido el regidor, “era el contrato al que se habían presentado más candidatos". "Las empresas que tienen unos valores y una sensibilidad social son las que queremos que trabajen con el Ayuntamiento”, ha añadido. Tal como ha subrayado, “en el trabajo que debemos hacer, no se trata de ser idealistas, sino de ser responsables” para “no dejar a nadie al margen”, en referencia a aquellas personas que no pueden asumir las facturas de la luz.

CONTRATOS PUENTE HASTA TENER NUEVO CONCURSO

Ahora el consistorio deberá presentar una nueva licitación para adjudicar los tres paquetes que hasta ahora contemplaban un presupuesto de 65,2 millones de euros. Hasta entonces, el Ayuntamiento deberá firmar contratos puente con las compañías eléctricas para asegurar el suministro de luz de la ciudad, ya que el actual contrato finaliza el próximo 26 de marzo. Una finalización que, tal como ha asegurado el regidor, no implica que el suministro de luz a la ciudad corra peligro: "Está asegurado", ha destacado. 

Los contratos puente se formalizaran con el mismo texto que utiliza la Asociación Catalana de Municipios para encargar a las empresas el suministro de luz. En estos acuerdos con las empresas, Badia ha asegurado que “no desplegaremos la ley 24/2015 en el texto, pero usaremos el mismo redactado que utilizó la asociación”. Estos contratos puente tendrán una duración de tres meses, prorrogables a otros tres. Todas las compañías tendrán acceso a las negociaciones para plantear una oferta y luego el Ayuntamiento procederá a llevar a cabo la subasta.