La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha librado de la orden de imputación que ha emitido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los más de 700 alcaldes que han firmado el decreto para ceder locales para el referéndum del 1-O, suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional. El discurso ambiguo de BComú, que apoya el derecho a decidir "sin poner en peligro” al Ayuntamiento ni a sus trabajadores, ha evitado que Colau tenga declarar como investigada (imputada).

Maza, en una nota enviada a los fiscales provinciales de Barcelona, Girona, Lleia y Tarragona, ha ordenado que los ediles que se nieguen a comparecer sean detenidos por los Mossos de Esquadra. La Fiscalía ha utilizado la lista que actualiza la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) en su página web para elaborar la relación de alcaldes que deberán acudir a declarar “en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal”.
 


Poco después de conocerse la orden del fiscal general del Estado, hasta seis partidos han pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la orden de imputar a los 712 alcaldes firmantes del decreto. PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu han registrado la petición de comparecencia, en la que también exigen a Maza que detalle las actuaciones que la Fiscalía está llevando “contra la libertad de expresión”. 

LA URBANA TENDRÁ QUE ACTUAR

Las órdenes de la Fiscalía también afectan a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Las Fiscalías provinciales han cursado instrucciones a las policías locales de toda Catalunya para que investiguen cualquier preparativo del referéndum del 1-O. De esta forma, el Ministerio Fiscal otorga poderes de policía judicial a la Guàrdia Urbana y al resto de policías locales, de la misma forma que ya ha solicitado a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que lleven a cabo investigaciones relacionadas con el referéndum.

En concreto, la Fiscalía de Barcelona ha pedido a las policías locales que investiguen todas las acciones dirigidas a “organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo”. Los jefes de la unidades de la policía judicial de los Mossos serán los encargados de transmitir la orden, que deberán pedir un acuse de recibo a los mandos policiales locales de cada demarcación.

FORCADELL CONFÍA EN COLAU

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asegurado este miércoles que todavía confía en que el Ayuntamiento de Barcelona cederá locales para el referéndum. “Estoy segura de que Ada Colau estará al lado de la democracia”, ha dicho durante una entrevista TV3. Forcadell ha criticado la actuación del Gobierno que, a su entender usa a la Fiscalía para "atemorizar, dar miedo y provocar" a los independentistas.

En plena búsqueda de locales en Barcelona, el Govern ha cesado al presidente del Consorci d'Educación, Lluís Baulenas, y ha nombrado en su lugar a la consellera de Educación, Carla Ponsantí. De esta forma, la Generalitat se asegura que la capital catalana dispondrá de locales independientemente de la decisión final de Colau, ya que controla el ente público con un 60% de participación.