Obras en Barcelona / Jorge Franganillo

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Información municipal

Barcelona aprueba poner en el mercado 18.500 pisos de alquiler social

El pleno del Ayuntamiento aprueba una medida insuficiente a desarrollar en los próximos 9 años

27 enero, 2017 16:00

Barcelona quiere un parque de vivienda pública como tienen otras urbes europeas. Hoy por hoy, solo el 1,5% de todo el parque inmobiliario de la ciudad condal es de titularidad pública. Muy lejos de los porcentajes de otros países, como Países Bajos (32%), Austria (23%) o el Reino Unido (18%). La medida, impulsada por el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha conseguido el apoyo de CiU y C's en el pleno.

La idea forma parte del Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 y prevé poner en el mercado unos 18.500 pisos de alquiler asequible y social a lo largo de los próximos nueve años. Con la medida, Montaner prevé revertir el “pequeño” parque de vivienda pública de Barcelona. “És un plan ambicioso y exigente, pero realista y ejecutable”, ha recalcado. 

MEDIDA INSUFICIENTE

Anteriormente al plenario, el gerente de Vivenda, Javier Burón, ya había admitido que con el presupuesto pactado (166 millones anuales) no se logrará llegar al 15% de parque públic que marca la Ley catalana de vivienda. La cifra óptima quedará lejana, a pesar que se haya aumentado un 75% la partida respecto al anterior programa. De cumplirse íntegramente el plan, Barcelona podría llegar a tener 30.000 pisos en su cartera inmobiliaria, lo que representaría el 4% del total de viviendas.

De estas 18.5000 viviendas nuevas que se pondrán en el mercado, 8.854 serán construidas por el consistorio; otras 4.700 se alzarán en suelo municipal mediante la colaboración público-privada, y unas 5.000 se conseguirán a partir de la compra de edificios y de movilizar viviendas vacías.

La aprobación del plan no supone su realización completa. De hecho, del anterior plan solo se llevó a cabo una parte muy pequeña de lo acordado, tal como ha asegurado el regidor d'Habitatge. Una falta de compromiso institucional que ahora pretende revertir mediante la unificación del servicio público de la vivienda. Actualmente los pisos "los tenemos dispersos, lo que genera ineficacia e ineficiencia", opina Burón. 

PLAN TRABAJADO DESDE LA IZQUIERDA Y APROBADO POR LA DERECHA

De las 196 alegaciones que se presentaron al Plan por el Derecho a la Vivienda, Montaner ha asegurado que el 75% de estas se han aceptado. De hecho, de las entregadas por CiU un 95% se han aceptado y del total que habían enviado ERC, la PAH y el Observatorio Desc se han recogido el 85% de las ideas. El mismo Montaner ironizaba sobre el hecho que haya sido un plan trabajado desde la izquierda y haya recibido el apoyo de CiU y C's, aunque luego en el plenario ha declarado que “si es un plan de derechas o de izquierdas viene a ser irrelevante”.

El portavoz de CiU, Joaquim Forn, ha celebrado que se le de “continuidad” a su plan del mandato anterior y que su aprobación represente el primer “acuerdo de ciudad” de la legislatura. Apoyo que no ha otorgado el grupo d'ERC al Govern municipal, al considerarlo “continuista y conformista”.

“Queremos un cambio de verdad, no una continuidad de aquello que ya teníamos”, ha reivindicado la consejera d'Esquerra, Montse Benedí. Forn por su parte no ha tardado en recordarle a la representante política que su formación siempre ha dado apoyo a los anteriores planes de vivienda que ahora critican.

Los segundos socios del tándem BeC-PSC en materia de vivienda, Ciutadans, ha declarado que son conscientes que el plan no servirá para cumplir con el 15% de parque público. Un factor que no ha impedido su luz verde para tirar adelante la medida, a pesar de los votos contrarios d'ERC, el PP y la CUP – Capgirem Barcelona. 

El líder del PP; Alberto Fernández-Díaz, ha denunciado que el plan “recorte la inversión en vivienda un 25%”, respecto al aprobado año atrás por el gobierno del PSC y ICV. “Ustedes anuncian 8.000 viviendas nuevas, sin decir que se tratan de viviendas que no se han realizado anteriormente”, ha denunciado Díaz. Por su parte, Marta Rovira de la CUP – Capgirem Barcelona ha lamentado que la medida a largo plazo no “vaya a las raíces del problema” y lo ha calificado de “inadmisible”.