Un grupo de vecinos de Barcelona agrupados en la plataforma 'Compromís de Glòries' ha exigido este miércoles al Gobierno de Ada Colau que garantice las dos fases de los túneles previstos. En respuesta, la teniente de alcalde Janet Sanz ha expresado su respeto por la entidad y ha asegurado que estudiarán "todas las opciones técnicas y económicas que permitan que todo vaya lo más rápido posible", pero sin citar este segundo túnel.

Lo ha dicho ante más de 200 personas en una audiencia pública con momentos tensos en la UPF, convocada después de que Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) rescindiera el contrato actual pese a la negativa de la oposición en una comisión extraordinaria -todos los grupos lo rechazaron excepto la CUP-, ya que Bimsa tiene la competencia.

Una veintena de vecinos ha intervenido en la audiencia pública -a la que también han asistido concejales de diversos grupos de la oposición-: la mayoría de ellos han criticado la gestión, y varios han coincidido en pedir que, como se debe hacer de nuevo el proyecto tras la rescisión del contrato, se liciten en uno solo las dos fases de los túneles.

La primera fase de los túneles incluye el tramo entre las calles Castillejos y Badajoz y es el más profundo porque pasa bajo los túneles ferroviarios --llegando a 25 metros bajo la rasante de la plaza--, mientras que la segunda va de Badajoz a la rambla Poblenou, con una profundidad de unos 10 metros por debajo de la Gran Via.

Sanz ha recordado que, aunque se paralicen las obras hasta enero, el parque Canòpia Urbana podrá iniciar sus obras también en enero e independientemente del avance de las obras del túnel, que tampoco afectarían a la conexión del tranvía, si el Gobierno municipal tiene "el apoyo político para hacerlo".

Ha mostrado una absoluta comprensión por las molestias que la paralización ocasionará a los vecinos: "Os pido disculpas ya por avanzado por las molestias que pueda ocasionar, pero también aseguro el compromiso para que no se pare. Sed exigentes".

RESCISIÓN DEL CONTRATO

El director de Bimsa, Ángel Sánchez, ha defendido que modificar el contrato y "continuar avanzando sería entrar en una fase crítica económica y técnica de la obra", por lo que la rescisión del contrato ha sido la opción que ha exigido la situación, ha dicho.

"Haber resuelto el contrato es un ejercicio de responsabilidad como pocas veces se ha hecho en este país. Es un atrevimiento, pero teníamos que hacerlo", ha garantizado en respuesta de varios vecinos, que han acusado al Gobierno de Colau de no haber controlado lo suficiente las obras, algo que éste ha negado, asegurando que ha habido un gran control.

Sanz ha dicho: "Ha sido una decisión complicada, difícil, y hemos hecho lo que tocaba para garantizar que esto acabe lo antes posible y para que el Ayuntamiento y la ciudad tengan el control sobre como hacer estas obras y sobre qué hay que pagar", y ha abogado por realizarlas lo mejor posible sin sobrecostes y atrasos injustificados o ilegales.

Sánchez ha recordado que prevén licitar el nuevo proyecto después de que pase por comisión en julio, para que la presentación de ofertas se produzca en septiembre y se adjudique en diciembre la obra, con previsión de que empiecen en enero de 2018 y terminen en enero de 2020, con un calendario "cierto, posible y cumplible".