El Gobierno municipal ha anunciado que Bimsa rescindirá los contratos con la Unión Temporal de Empresas (UTE), responsable (hasta ahora) de ejecutar las obras de les Glòries. Según ha estimado el director general de Bimsa, Ángel Sánchez, las obras se licitarán por 40 millones de euros (IVA incluido), 23 millones más de lo estimado inicialmente, según el cálculo a la baja que habían presentado las constructoras. Tal como ha calculado la empresa pública, las obras no estarán listas hasta 2020, como pronto.

Según ha explicado Sánchez, a día de hoy la obra está ejecutada al 60% y ya se ha comido 43 millones de euros. Además, por cada mes que pase hasta que vuelvan las máquinas sobre el terreno, la administración pública tendrá que invertir 23.000 euros al mes en la vigilancia y el mantenimiento de la infraestructura. Meter gas a las obras para que se vuelvan a poner en marcha comportará una inyección de 1,7 millones más.

LAS OBRAS NO SE PARARÁN MAÑANA

El Ayuntamiento comunicará este martes a las empresas que rescinde los contratos, pero ello “no significa que las obras se paren mañana mismo”, ha explicado Sánchez. Estas deberán ejecutar todavía toda una serie de actuaciones necesarias para que las obras se cierren en condiciones de seguridad. Entre estas, la finalización de dos colectores y el blindaje de la infraestructura. En el caso que la UTE se niegue a ejecutar la obra en el próximo mes y medio, Bimsa ha anunciado que contratará a otra empresa para que lo lleve a cabo.

La sombra de la judicialización de la obra no comportará un bloqueo urbanístico, ha asegurado Sánchez. De hecho, la regidora de Urbanismo, Janet Sanz, apostó por romper los contratos para así evitar convertir les Glòries en una Sagrera II, símbolo emblemático en lo que se refiere a los proyectos modificados. Tal como ha avanzado el director general de Bimsa, la admsintración pública se querellará contra la UTE por daños y perjuicios y estudia inhabilitar a las empresas en el concurso público.

EL DEBATE POLÍTICO

Si bien la regidora de Urbanismo, Janet Sanz, pidió un posicionamiento político previo en la comisión extraordinaria de Urbanismo celebrada este lunes, la decisión se ha tomado en el marco del consejo de administración de Bimsa, que se ha celebrado minutos después de finalizar la comisión. En el espacio político, el Gobierno ha visto como la oposición le tumbaba la propuesta de romper los contratos con sus 22 votos en negativo, a contraposición de los 18 favorables.

Ahora bien, la consulta política no era vinculante. El decreto se ha dictado en el consejo de administración de Bimsa, que ha tenido lugar instantes después en una sala paralela. Arco político y técnico, en el que esta vez la propuesta del ejecutivo de la alcaldesa Colau ha recibido 11 apoyos y solo 3 negativas. Paradójicamente, el PP ha votado 'no' en la comisión extraordinaria y luego se ha abstenido en el consejo de administración. Según ha asegurado Sanz, el resto de equipamientos públicos, así como la vivienda protegida, continuarán adelante.

SOLO LA CUP APOYA AL GOBIERNO

La oposición se ha negado a dar un “cheque en blanco” al ejecutivo de Colau. En la comisión extraordinaria de Urbanismo, los distintos grupos municipales han expresado sus discrepancias con la propuesta planteada por el ejecutivo. Todos, menos la CUP – Capgirem Barcelona, han supuesto que romper los contratos significará paralizar y alargar (todavía más) las obras.

A pesar de denunciar reiteradamente la falta de información para tomar tal decisión, el grupo Demòcrata, ERC, C's y el PP se han pronunciado en contra de rescindir los contratos con la UTE. “Me consta que ningún grupo ha consultado los informes de la dirección de obras”, les ha replicado la regidora de Urbanismo. Según ha asegurado Sanz, estos documentos estaban a disposición pública desde el jueves pasado. Solo Gerard Ardanuy, regidor no adscrito del grupo Demòcrates (escisión de Unió), se ha abstenido en la votación política.

LA SOMBRA DEL 3%

“La obligación del Gobierno es exigir el cumplimiento del contrato por parte de la UTE”, ha reprochado al equipo de Colau el consejero del grupo Demòcrata, Josep Martí. Además, el consejero no se ha estado de recriminar al Gobierno que haya puesto “en crisis” la “imagen y la solvencia” de la empresa buque del Ayuntamiento: Bimsa. Impresiones que la portavoz de la CUP – Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, ha dado la vuelta: “Aquí el único que ha ensuciado la imagen de Bimsa es Antoni Vives”. Como es de imaginar, la réplica de aires convergentes no se ha hecho esperar. Tan pronto como ha tenido oportunidad, Martí ha condenado las palabras de la CUP, “especialista en intoxicar y difamar”.

“No podemos permitir que las empresas del 3% sigan chupando la sangre a la ciudad; queremos a Copisa fuera”, ha denunciado Lecha. Luego, el argumento lo ha envenenado todavía más el líder de ERC, Alfred Bosch. Tal como ha sopesado: si el Gobierno alude a las sospechas sobre Copisa y el 3%, “¿nos puede asegurar que si se adjudican nuevas obras no se adjudicará a estas empresas?. De hecho, luego más tarde ha incluido a contratas (también investigadas) como Ferrovial, Rogasa, Teyco o ACS. “¿Sabe que Ferrovial lideró las adjudicaciones de Bimsa el primer año de su mandato?”, ha añadido Bosch. Al finalizar su ponencia, el republicano ha precipitado una petición de dimisión encubierta: “Si no saben gobernar y no saben gestionar, váyanse”.

“LAS FECHAS QUE NOS DAN, NO LAS CREEMOS”

Desde Ciutadans, Santiago Alonso ha señalado que “el Gobierno nos quiere hacer cómplices del fracaso de gestión”, por vía de la comisión celebrada. Además, el miembro de la formación naranja no ha dado ninguna credibilidad al calendario presentado por el director general de Bimsa. “Las fechas que nos dan, no las creemos”, ha aseverado. Ante la circunstancia, el consejero del Partido Popular, Javier Mulleras, ha pedido conocer la opinión de la dirección de obras y de las empresas. “Votamos en contra, porque entendemos que ni es el lugar adecuado para votar la resolución, porque no tenemos toda al información y porque se esta utilizando les Glòries para hacer política”, ha sentenciado. Luego, en el consejo de administración, se han abstenido.