Nos encontramos en la Estació del Nord. Sí, hay maletas. Muchas de hecho. Pero el tema de hoy no es este. Vaya, que de aquí no solo entran y salen autobuses. En una de sus dependencias se aloja el búnker Anti-Airbnb & company. Decenas de personas ocupan una sala de pocos metros cuadrados. Todas permanecen atentas a sus pantallas del ordenador. Teclean poco y mientras que un ojo se ocupa de revisar los portales de alojamientos turístico, con el rabillo del otro resiguen Google Maps. Buscan constantemente pisos ilegales. De ahí su nombre: unos 'visualizadores'; otros 'inspectores'. Todos, sin excepción, contratados por el Ayuntamiento de Barcelona para poner coto a los alojamientos irregulares.

Hasta ahora estos agentes municipales han conseguido abrir 5.490 expedientes y aplicar 2.869 sanciones a pisos sin licencia turística. Números que igual se quedan cortos dentro de unas semanas, ya que el pacto entre los 'comuns' y ERC doblará sus efectivos. De los 20 visualizadores que había hasta hace unos días, este jueves han pasado a ser 40. Y lo mismo sucederá con los inspectores de aquí a unos días. En este caso, de 20 a 34. ¿El objetivo para 2018? Los 110.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un visualizador y un inspector? Sencillo. El visualizador detecta, el inspector actúa. O dicho de otra forma, mientras que el primero se pasea y pica en los portales en busca de los pisos para comprobar que están siendo utilizados de forma irregular, el último es quien se encarga de abrir los expedientes disciplinarios y estudiar las denuncias que les hacen llegar los ciudadanos.

Los detectives buscan pisos turísticos ilegales en un portal virtual / DGM

“TOLERANCIA CERO”

La ecuación da un resultado imaginable. Al aumentarse el número de detectives, el cerco sobre los pisos turísticos ilegales se estrecha (o por lo menos, así lo creen desde el Gobierno municipal y ERC). “Tolerancia cero”, ha manifestado la regidora de Urbanismo, Janet Sanz. Además, los vientos que soplan desde el otro lado de la plaza de Sant Jaume les ayudarán a ejercer todavía mayor presión sobre quienes ofertan sus viviendas fuera del marco de la ley. La Generalitat ha cambiado las reglas del juego y ahora cerrar pisos ilegales se ha puesto más fácil que nunca.

Con la modificación de la Ley de Turismo que ha aprobado el Parlament, si los agentes encuentran una única vez turistas en las viviendas investigadas, ya no les será necesario volver. Podrán abrir el expediente ipso facto. A los pocos días, su propietario recibirá una multa. Tal vez también un mensaje de agradecimiento en TripAdvisor de sus huéspedes alemanes o noruegos. Pero por entonces, ya le importará poco lo que le publiquen en la red. Al buzón de casa le llegará una carta en la que el consistorio le reclamará entre 30.000 i 60.000 euros de multa. Por ahora ya se han precintado 127 cerraduras y otros 548 propietarios han acatado la orden de echar el cierre.

EL DINERO DE LAS MULTAS, PARA VIVIENDA SOCIAL

Precintos, expedientes, avisos... ¿pero cuántas multas se han cobrado? A día de hoy, 273 de forma voluntaria. Lo que vienen a ser 1,3 millones de euros. En paralelo, a los otros 260 que no han bonificado la receta, se les cobrará por vía ejecutiva. Tal como ha comunicado el equipo de la alcaldesa Ada Colau, el dinero que se recaude se destinará para promocionar la vivienda pública.

En opinión de la teniente de alcalde, esta actividad ilegal es “corrosiva” para la ciudad de Barcelona. “Tenemos que priorizar el derecho al barrio”, ha asegurado, mientras explicaba cómo se han sancionado a otras 13 residencias de estudiantes por ofertar sus habitaciones como alojamientos turísticos sin tener los permisos en regla. Actuaciones a las que el consejero de ERC, Jordi Coronas, no ha escatimado su apoyo: “Tenemos muy claro que, con más presión de inspección, más difícil será que alguien opte por una actividad ilegal”.