Apartamento de estudiantes en Barcelona

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Economía

Las residencias de estudiantes piden diálogo para aparcar las sanciones

Reclaman al Ayuntamiento que frene las multas, que ascienden hasta 600.0000 euros, por ofrecer sus habitaciones como alojamiento turístico

19 febrero, 2017 12:47

Las residencias de estudiantes y colegios mayores de Barcelona reclaman diálogo al Ayuntamiento para evitar las multas de hasta 600.000 euros a las que se enfrentan por ofrecer sus habitaciones como alojamientos turísticos. Unas sanciones que, desde el sector, consideran que pueden causar "un daño irreparable".

A finales del pasado año, el consistorio anunció su intención de sancionar a una quincena de establecimientos -aunque ahora podrían ser hasta 19- tras descubrir que ofrecían por Internet sus habitaciones también como alojamientos de corta estancia.  

El Ayuntamiento sostiene que estos centros funcionan de forma encubierta como un establecimiento hotelero, una infracción que considera muy grave y que implica multas que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros, mientras que los establecimientos argumentan que "las estancias cortas son plenamente compatibles con la licencia" que poseen.



La Asociación de Residencias de Estudiantes y Colegios Mayores de Cataluña ha mantenido ya diversas reuniones con responsables del gobierno catalán para abordar la regulación del sector, pero hasta ahora las negociaciones no han sido provechosas debido en parte a que se han visto interrumpidas por las sucesivas elecciones al Parlament de los últimos años.

VACÍO LEGAL

Las residencias denuncian que operan parcialmente en un contexto de "vacío legal", ya que la Ley Orgánica de Universidades que las regula "no concreta lo que pueden hacer y lo que no", y piden por ello a la Generalitat, órgano competente en la materia, que regule esta actividad.

Mientras esta regulación no se produzca, los empresarios piden una tregua al Ayuntamiento de Barcelona y la apertura de una vía "franca" de diálogo que permita reconducir la problemática actual y aparcar la imposición de sanciones.

 De no llegar al entendimiento, el sector no descarta recurrir a la vía judicial.



Los empresarios quieren dejar claro, en todo caso, que las residencias y colegios mayores que funcionan en Barcelona tienen su correspondiente licencia de actividades, pagan sus impuestos y "son plenamente legales".



Lamentan asimismo que el Ayuntamiento haya incluido estos equipamientos en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), pese a que su actividad principal es el alojamiento de larga estancia -más de un mes- de jóvenes que estudian en la capital catalana.



Empresarios del sector aseguran que "desde hace décadas las residencias de estudiantes y colegios mayores han ofrecido habitaciones para cortas estancias", y que esta misma práctica se lleva a cabo en otras ciudades españolas y de Europa sin que las administraciones hayan puesto impedimento alguno.



Las mismas fuentes recalcan, en cualquier caso, que el alquiler de habitaciones por días o semanas es residual y que esta actividad es precisamente la que garantiza la viabilidad económica del sector, ya que las necesidades de los estudiantes han cambiado y existe una gran temporalidad en el calendario académico.