El conflicto con los pisos turísticos ilegales podría dar un nuevo giro en las próximas semanas. El Ayuntamiento de Barcelona, que lleva a cabo una cruzada para acabar con los alojamientos turísticos sin licencia, ha encontrado a un poderoso e inesperado aliado en el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro, sin meterse en el fondo legal del conflicto, anda detrás de los propietarios de los pisos porque quiere su parte de los jugosos ingresos que muchos han obtenido con el boom de plataformas como Airbnb, Booking o Homeaway.

El ministerio está preparando un Real Decreto, que actualmente está en fase de información pública, para modificar el reglamento de inspección tributaria. “Con fines de prevención del fraude fiscal”, dice el documento, Hacienda pedirá información periódica a las plataformas para cuantificar los ingresos obtenidos por los propietarios que alquilen viviendas de uso turístico. El redactado no hace mención explícita a los pisos ilegales, pero sí excluye de esta obligación a los “alojamientos turísticos que se rigen por su normativa específica”, por lo que se refiere a los que no están registrados.

MÁS CONTROL FISCAL

Hasta ahora, Hacienda se había dedicado a indagar por su cuenta, rebuscando entre anuncios en los portales de las plataformas, pero ahora quiere dar un paso. El ministerio quiere ir a la fuente de la información y tenerla con todo lujo de detalles. Según el texto que prepara Hacienda, todas las personas y entidades, pero en especial las “plataformas colaborativas”, que hagan de intermediarias entre los propietarios y los arrendatarios deberán “presentar periódicamente una declaración informativa referente a los bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles situados en territorio español”.

En esta declaración tendrán que incluir los nombres del titular de la vivienda y del inquilino (ambos con NIF o documento equivalente, como el pasaporte), el número de días que se ha alquilado el piso y el importe recibido, así como la referencia catastral del inmueble. Si es una inmobiliaria la que gestiona el alquiler, también deberán constar sus datos.

El Ministerio de Hacienda espera ejercer un mayor control sobre los propietarios de pisos que los alquilan por días y luego no declaran los beneficios

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda espera ejercer un mayor control sobre los propietarios de pisos que los alquilan por días y luego no declaran los beneficios. Según expertos consultados por Metrópoli Abierta, este tipo de alquileres se consideran “rendimientos de capital inmobiliario” y tienen que incluirse en la declaración de la renta. Los ingresos percibidos, a los que se pueden deducir los gastos de mantenimiento y funcionamiento, tributan por la regla general y se suman a la base imponible del contribuyente (que pagará según el tramo del IRPF que le corresponda).

EL CASO DE BARCELONA

Aunque todavía es pronto (el Real Decreto puede recibir enmiendas), el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido la noticia con los brazos abiertos y ha “valorado positivamente” cualquier medida que contribuya a mejorar la información que reciben las administraciones sobre los pisos turísticos ilegales. Fuentes municipales han asegurado a este diario que trabajarán “con la Agencia Tributaria para poder compartir la información de manera que nos permita también hacer un trabajo más eficaz para erradicar la ilegalidad en este ámbito”.

En el caso de Barcelona, es una lucha que lleva unos cuantos años en marcha y que se ha intensificado desde la llegada de Barcelona En Comú al gobierno. El Ayuntamiento calcula que hay más de 6.250 pisos turísticos en la ciudad y cuenta con una plantilla de 40 visualizadores y 34 inspectores para detectarlos y denunciarlos. Desde el pasado verano, cuando se puso en marcha un plan de choque, se han abierto unos 5.500 expedientes sancionadores, de los cuales la mitad ha acabado en sanción.

La promesa de grandes beneficios ha provocado que mucha gente prefiera alquilar su piso a turistas antes que a residentes

El conflicto sobre los pisos turísticos ilegales ha alcanzado mucha notoriedad por el papel que tienen en la incipiente burbuja inmobiliaria que vive el mercado inmobiliario de alquiler (los precios han superado ya los de antes de la crisis). Sin ser la única causa de este sobrecalentamiento, tal y como ha reconocido el consistorio, la promesa de grandes beneficios ha provocado que mucha gente prefiera alquilar su piso a turistas antes que a residentes. En una ciudad como Barcelona, con un parque de vivienda pública de alquiler del 1,5% y sin mucho suelo disponible, los pisos turísticos juegan un papel importante.

EL PAPEL DE LAS PLATAFORMAS

Las plataformas colaborativas como Airbnb, Homeaway o Booking han jugado un papel clave en la proliferación de los pisos turísticos ilegales, ya que han creado un entorno digital en el que resulta muy sencillo anunciar un piso. En los últimos meses el Ayuntamiento también ha dirigido su lucha contra estas plataformas, a las que ha exigido en numerosas ocasiones que retiraran todos los anuncios de viviendas de uso turístico (HUT, en sus siglas en catalán) que no contarán con la correspondiente licencia de la Generalitat de Catalunya.

La respuesta ha sido desigual. Así, mientras Homeaway, Booking, Tripadvisor y Rentalia alcanzaron un pacto de buenas prácticas con el Ayuntamiento para eliminar los anuncios ilegales, Airbnb se ha mantenido en sus trece y se ha negado a adherirse al pacto hasta que haya una regulación del alquiler vacacional, algo que por ahora no ha ocurrido. Con esta postura, Airbnb se ha convertido en el foco de las críticas del Gobierno municipal, que ha denunciado las prácticas de la compañía estadounidense en diversas ocasiones.