Vecinos de Barcelona, principalmente de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, llevan tiempo protestando en las calles y en sus balcones contra los pisos turísticos ilegales, por las molestias que les causan. Pero no están solos. Los hoteleros han dicho basta y han anunciado que estudiarán medidas legales contra los alojamientos que no tengan licencia.

El Gremio de Hoteles de Barcelona ha hecho público este martes que lleva desde 2012 trabajando con las administraciones para luchar contra la “competencia desleal” que ejercen los propietarios de pisos turísticos ilegales.

Según ha declarado a Metrópoli Abierta el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB), Manel Casals, a finales de 2012 la entidad presionó a las administraciones para que actuaran contra los pisos turísticos ilegales. Viendo que no reaccionaban pusieron a personal del propio gremio a buscar por Internet pisos turísticos. El problema entonces era la laxitud de la ley, pues cuando se realizaban inspecciones los propietarios tenían la opción de regularizarse.

Desde 2012 han denunciado ante el Ayuntamiento de Barcelona 1.961 pisos turísticos ilegales y 53 embarcaciones que se ofrecen como alojamientos por días. Barcos que están principalmente en el Port Olímpic.

A partir de los hechos descubiertos en el supuesto piso ilegal de la calle Princesa 22, vinculada al polémico activista de Twitter Mark Serra, y una vez agotada la vía administrativa, el Gremio de Hoteles de Barcelona estudia emprender acciones legales contra los gestores y propietarios de esta red de 12 pisos ilegales. El GHB considera que estas prácticas no son exclusivas de este caso, sino que son habituales en los miles de pisos ilegales que aún operan en Barcelona.

Las cifras del GHB sitúan en más de 10.000 el número de pisos turísticos ilegales en Barcelona, que ofrecen unas 40.000 plazas. Los hoteles consideran que se trata de competencia desleal y un fraude fiscal a gran escala.

“Dan una muy mala imagen a los turistas que nos visitan, forzándolos a ser cómplices ocultando su ilegalidad”, se ha quejado Casals, quien también lamenta que "esta actividad ilegal supone una estafa para la sociedad, ya que los propietarios de estos pisos no pagan impuestos y expulsan a los vecinos de los barrios de la ciudad

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El GHB tuvo desde finales de 2012 al verano de 2015 a dos trabajadores investigando en los principales portales de alojamientos turísticos la existencia de pisos que no estuvieran registrados. Al principio se dedicaban a comparar los anuncios de Internet con los datos del registro y si no había constancia de ellos se denunciaban a las administraciones.

Según Casals, los portales de Internet fueron aprendiendo a evitar estas denuncias y lo que hacían era ocultar la dirección exacta de los pisos hasta el día anterior de la reserva, una vez ya estaba confirmada y pagada. De esta manera complicaban el trabajo de denuncia.

Entonces, el peso de las denuncias se trasladó a los vecinos, que son quienes tenían conocimiento de dónde se encontraban los pisos turísticos ilegales. El Gremio participaba en una mesa de trabajo con el Ayuntamiento en la que trataban estas denuncias y se les informaba del porcentaje de denuncias que acababan en sanción.

A partir del verano de 2015, cuando el Ayuntamiento de Barcelona dedicó más recursos a perseguir esas prácticas, la labor del Gremio se limitó a supervisar.