El Ayuntamiento de Barcelona ha reunido este lunes a las plataformas de alquiler vacacional Homeaway, Booking, Tripadvisor, Rentalia y Apartur para “encontrar propuestas de colaboración y corresponsabilidad” en materia de apartamentos turísticos, tal como ha señalado la teniente de alcalde, Janet Sanz. El foco de la noticia, sin embargo, ha girado entorno la ausencia de Airbnb en la reunión, plataforma que ni ha sido invitado ni habría asistido al encuentro por decisión propia.

ESCENIFICACIÓN Y BUENAS INTENCIONES

La reunión ha sido más bien una escenificación de buenas intenciones y diálogo con algunas plataformas que, a día de hoy, todavía ofrecen apartamentos ilegales. Sin embargo, según ha explicado el regidor de Turismo, Agustí Colom, el requerimiento implícito para participar en la mesa de diálogo era que las operadoras tuviesen una decisión firme para reducir sus anuncios irregulares de forma progresiva y que ya lo pudiesen demostrar sobre el papel.

¿Qué buscan consistorio y plataformas con esta mesa de negociaciones? Enterrar malas reputaciones, tener diálogo directo, alejarse de las sanciones, ofrecer todas las garantías legales a los usuarios y evitar inspecciones sobrevenidas. Según ha desvelado Sanz, las plataformas han tenido “predisposición para el trabajo conjunto, entender el problema de nuestra ciudad y buscar soluciones compartidas”. Campos de trabajo que, de todas formas, continúan girando sobre un mismo eje central: “erradicar” la oferta ilegal.

HOMEAWAY ABANDONA LA GUERRA DE AIRBNB

Entre las plataformas participantes había Homeaway, sociedad que ya fue multada el pasado noviembre con 600.000 euros por anunciar apartamentos ilegales. Ahora, una vez abonada la sanción, la plataforma ha sido invitada, ya que, como el resto, ha demostrado un “compromiso fehaciente” en la supresión de dicha publicidad irregular. Al fin y al cabo, la primera conclusión del diálogo empresas-administración ha sido dar visibilidad a aquellas empresas que cumplen la normativa (o la empiezan a cumplir), y marginar aquellas que se niegan a seguir las reglas del juego (dícese de Airbnb).

“[A Airbnb] no se la ha convocado porque la interlocución y su compromiso no cumplen las condiciones para que participase hoy en la reunión”, ha señalado Colom. Aún así, el regidor ha asegurado que “estamos abiertos a que se incorporen” una vez acepten la propuesta que le ha dejado sobre la mesa el Ayuntamiento. Desde la plataforma aseguran “querer ser buenos aliados” para encontrar “soluciones válidas para todos”, pero por ahora se niegan a entablar conversaciones en espacios donde hay agentes “muy diferentes” a ellos.

En lo que va de mandato, el Ayuntamiento y la plataforma que oferta apartamentos ilegales se han visto las caras hasta en cuatro ocasiones. Encuentros en los que, sin embargo, sus resultados han brillado por su ausencia. “Entendemos que Airbnb está haciendo un proceso de ir alargando en el tiempo su decisión y mientras tanto, nosotros estamos trabajando con el sistema de sanciones”, ha sopesado Colom.

A AIRBNB SE LE ACUMULAN LAS MULTAS

Por ahora, a Airbnb ya se le han interpuesto dos multas de 30.000 euros cada una (recurridas a día de hoy), y también pesa sobre la compañía un expediente sancionador de hasta 600.000 euros, “en el que pediremos la cantidad máxima por falta de voluntad de cambio”, ha señalado Sanz. Sobre este último expediente, Airbnb todavía tiene abierto el periodo de alegaciones. “Somos estrictos y si Airbnb no acaba respondiendo, se le aplicarán las sanciones máximas”, ha amenazado Colom.

Para poner coto a los pisos ilegales y eliminarlos de las comunidades de vecinos, el Gobierno municipal se ha reafirmado en la intención de aumentar todavía más el número de inspectores. Tal como ha recordado Sanz, cuando el nuevo equipo de Gobierno entró en el Ayuntamiento, solo habían 12 inspectores. A día de hoy estos ya son 80 y el objetivo para 2018 son los 110.