Airbnb cumple con su palabra y ya ha retirado de su web los 1.036 pisos turísticos ilegales y con orden de cese que el Ayuntamiento le exigió eliminar después de firmar la paz. El anuncio de que la plataforma acata el compromiso llega en un momento de máxima tensión vecinal tras las últimas protestas por la masificación turística y sus devastadoras consecuencias para algunos barrios barceloneses, como es el caso de la Barceloneta, donde una cadena humana se apoderó de la playa en señal de protesta.    

Una coyuntura a la que la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, también ha querido hacer referencia al señalar que este giro en la política de Airbnb "garantiza que la oferta de pisos turísticos ilegales decrezca y que estos pisos estén al servicio de los vecinos y no del lucro vinculado a una actividad turística que no cumple la legalidad”.

Atrás quedan los reproches y el fuego cruzado entre la plataforma y la administración que convirtió a Barcelona en la primera ciudad del mundo en multar a Airbnb. Para visualizar este nuevo capítulo, Sanz ha hablado de un “punto de inflexión” en las relaciones y ha aplaudido “la buena voluntad de continuar trabajando con el Ayuntamiento en esta dirección” por parte de Airbnb.

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La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz atiende a los medios / A.V.D.

COLABORACIÓN MÁS FLUIDA

Además, la teniente de Urbanismo ha avanzado que el consistorio prevé que la colaboración con Airbnb sea "mucho más fluida" a partir de septiembre y siga retirando los pisos que el Ayuntamiento detecte como ilegales. En paralelo, Sanz ha admitido que el objetivo de las plataformas de anuncio de alquiler vacacional debe ser desarrollar un 'software' que impida ofertar un piso turístico sin el número de registro correspondiente.

Al margen de estos 1.000 pisos ya retirados, el Ayuntamiento ha abierto 6.197 expedientes disciplinarios, 3.473 de los cuales han sido expedientes sancionadores, y ha dictado 2.332 órdenes de cese durante este último año en el que se ha activado un plan de choque para frenar su auge. De momento, 744 han acatado el cierre y se han puesto 145 precintos.

En cuanto al perfil de las personas que alquilan sus viviendas sin licencia, el Ayuntamiento confirma que hay quienes se dedican profesionalmente a ello, ofertando varias propiedades a la vez. “Y, además, son perfectamente conscientes de la actividad que están realizando”, ha puntualizado Sanz. La teniente de alcalde también ha destacado que cerca del 15% de estos pisos turísticos ilegales son ofertados y gestionados por inquilinos y no por el propietario del piso, por lo que se estarían realquilando a espaldas de sus caseros.

Dos visualizadores en busca de pisos de uso turístico ilegales / DGM
Dos visualizadores en busca de pisos de uso turístico ilegales / D.G.M.

VISUALIZADORES, INSPECTORES Y VECINOS

Por delante, Barcelona tiene el reto de parar la actividad de los más de 5.000 pisos turísticos ilegales detectados hasta ahora, una cifra que podría alcanzar los 6.000. En este proceso, la figura de los visualizadores, que actualmente consta de 40 efectivos, será básica para acelerar la detección de ilegales, así como el cuerpo de inspectores dedicados a esta misma actividad, que también alcanza los 40 trabajadores.

Además, la complicidad ciudadana también ha sido clave en la detección de estos pisos ilegales. Desde el canal específico habilitado para estos casos, el Ayuntamiento ha recibido más de 3.000 quejas y reclamaciones de vecinos y otras 4.500 a través el teléfono gratuito.

Sanz ha asegurado que el consistorio es consciente de que queda un largo camino hasta frenar por completo esta actividad, pero ha señalado que, con el trabajo de este último año como aval, el Gobierno municipal están revirtiendo la situación y “enviando un mensaje de tolerancia cero hacia la actividad turística ilegal".