El comercio ambulante ha sido durante los últimos 10 años el principal motivo de denuncia por incivismo en Barcelona, copando la mitad de quejas (50%) recogidas por la Guardia Urbana durante este periodo. Lo siguen el consumo de alcohol, que ha supuesto un 24% de las mismas, y las necesidades fisiológicas, con un 7%. Además, el distrito de Ciutat Vella concentra más de la mitad de las quejas por infracción de la ordenanza de civismo de la capital catalana.

Son datos de un estudio cualitativo realizado por investigadores de la Universitat de Barcelona y que ha contado con las percepciones de 60 personas implicadas en la aplicación de la ordenanza cívica. Un informe que, tal como ha explicado el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, debe servir al Gobierno municipal para revisar la ordenanza cívica vigente, una de las grandes promesas electorales de Colau que empieza a tomar forma. 

Esta actualización de la normativa se hará desde "la perspectiva de los Derechos Humanos", ha adelantado Asens, pese que ha admitido que los 'comuns' aún no han analizado en profundidad las conclusiones de la investigación.  La intención del Ayuntamiento es hacerse eco de las peticiones de la Síndica de Barcelona que señalan "el efecto estigmatizador" que tiene la actual norma sobre colectivos vulnerables, como ha recordado Asens, que ha apuntado que desde 2006 se han producido cambios en la dinámica del espacio público, así como transformaciones socioeconómicas, demográficas y culturales.

"En 2016 el problema principal es el paro y las condiciones de trabajo, seguido del turismo y la circulación", ha señalado el concejal, que ha recordado que hace diez años los barceloneses apuntaban a la seguridad y la limpieza como los problemas más graves de la ciudad, por lo que ha insistido en el estudio permitirá ver qué elementos son ineficientes.

SENSACIÓN DE INJUSTICIA

Los investigadores a cargo del estudio, Cristina Fernández y Andrés Di Masso, han destacado que la actual ordenanza de civismo contempla intervenciones específicas, como el decomiso de objetos y dinero, que pueden llevar a situaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de los agentes. De ahí que se produzca a una "sensación de injusticia de la ciudadanía y a una falta de confianza hacia la Guardia Urbana". 

Además, el estudio aprecia que la actual ordenanza tiene tendencia a criminalizar situaciones de pobreza y exclusión, una situación que el gobierno de Colau quiere revertir con la revisión de la ordenanza prevista.

La conclusión de los investigadores es que la ordenanza vigente tiene un impacto negativo sobre la autopercepción, el comportamiento y sobre las relaciones vecinales; la legitimización de posturas excluyentes, y una tendencia a desplazar y dispersar las conductas reprobables, que se acaban concentrando en espacios pequeños en cortos períodos de tiempo.

Por ello, el estudio recomienda modificar "sustancialmente" la ordenanza; promocionar y ampliar las medidas socioeducativas en el espacio público; fomentar la participación ciudadana y empoderar a los vecinos, así como facilitar el acceso al espacio público y dotarlo con los equipamientos y servicios necesarios para los barceloneses.