Hombre de color negro, 1.80 de estatura, complexión atlética, pelo rizado y nariz chata. Esta es la descripción que ha servido a la Guàrdia Urbana para identificar -semanas después del supuesto delito- a uno de los vendedores ambulantes que operan en Barcelona, acusado de atentar contra la propiedad industrial y de lesionar a los agentes de la autoridad. El problema es que esta descripción (llamémosle incompleta) responde al 90% de los manteros de la capital catalana.

SOS Racisme ha denunciado este martes la arbitrariedad con la que la policía municipal trata a los vendedores ambulantes. La ONG ha contabilizado un total de 44 casos de actuaciones racistas contra los manteros entre 2010 y 2016. “Por el hecho de ser extranjeros sabemos que la policía actúa aprovechando su vulnerabilidad y desprotección”, cuenta Alicia Rodríguez, Coordinadora del Servicio de Atención y Denuncia (SAID) de SOS Racisme.

Algunos detenciones, explica la entidad, se producen días (incluso semanas y meses) después del supuesto delito. Y a través de un reconocimiento fotográfico “poco riguroso”. Una práctica, dicen, que facilita que se les atribuyan delitos falsamente, como las lesiones a terceros durante una actuación policial o las agresiones a los agentes de la autoridad. “Esto provoca que nos encontremos con atestados falsos, desembocando en un proceso penal que no se justifica de ninguna manera”, reitera Rodríguez.

Coche patrulla de la Guardia Urbana.

DIÁLOGO CON EL AYUNTAMIENTO

Desde SOS Racisme se reclama al gobierno municipal de Ada Colau que implemente cambios urgentes en la Urbana para investigar las supuestas prácticas “abusivas” y expulsar del cuerpo a sus responsables. Según la entidad, algunos agentes realizan intervenciones de perfil étnico, practican detenciones ilegales y presentan atestados para justificar una actuación policial.

“Hay racismo policial, pero la responsabilidad política es del Ayuntamiento. Es importante hacer un plan de formación y crear mecanismos sancionadores en la Urbana, pero necesitamos además políticas públicas que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad”, explica su directora, Alba Cuevas.

Unas peticiones que ya han sido trasladadas al consitorio. SOS Racisme se ha reunido recientemente con el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento, Amadeu Recasens, que les ha asegurado que su prioridad es combatir las mafias de venta ambulante. "Echamos en falta una mirada global y priorizar el tema" de los abusos, ha reclamado Cuevas, que no obstante celebra que "por primera vez" se hayan podido sentar con el gobierno de la ciudad.

UN CÓCTEL ALTAMENTE PELIGROSO

La represión policial, el nuevo Código Penal y la Ley de Extranjería son, según Cuevas, un "cóctel altamente peligroso para los derechos humanos". En este sentido, la abogada del SAID Lorena Antón ha denunciado que los manteros "no gozan de credibilidad" ante los jueces de instrucción, quienes practican "una presunción de veracidad hacia la versión policial". El ministerio fiscal, según la letrada, se dedica a "defender a las grandes marcas", solicitando penas de prisión de entre seis meses y dos años; en vez de pedir sanciones económicas, que serían más "proporcionales".