El cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sigue el guión previsto. E Ayuntamiento de Barcelona emitió una orden el pasado 29 de marzo para precintar el edificio y exigir al Ministerio de Interior su clausura con amenaza de denuncia incluida. El consistorio ya contaba con el silencio por respuesta por lo que este lunes ha reiterado su ofensiva.  

Fuentes municipales han reiterado a Europa Press su intención de demandar al Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido. Prevén presentarla ante la Audiencia Nacional después de agotar la vía administrativa, en un plazo de pocas semanas. El Ayuntamiento cuenta con diversos pasos administrativos como enviar una notificación, esperar respuesta y el periodo de alegaciones correspondiente.

EL CENTRO FUNCIONA CON NORMALIDAD

El consistorio liderado por la alcaldesa Ada Colau considera que será la Audiencia Nacional la que decidirá "si prevale el derecho urbanístico o el derecho del Ministerio a tener un equipamiento donde quiera y sin licencia", según han indicado fuentes internas.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han explicado a Europa Press que el centro ha seguido con su "curso y funcionamiento normal", porque no se siente interpelado por la orden de precinto del Ayuntamiento, ya que aseguran que no tiene la competencia.

Sostienen que el consistorio no cuenta con la "facultad legal" para ordenar el precinto del centro, que sí cerraría si así lo decidiera un juez, porque la Policía Nacional siempre cumple con las decisiones judiciales, han señalado las mismas fuentes.