El Ayuntamiento de Barcelona impondrá el pago de 7,17 millones de euros a FCC por el presunto fraude en la limpieza y la recogida de los residuos en la ciudad. El consistorio ha finalizado la instrucción del expediente contra la empresa por “incumplimiento del contrato” y ha decidido aplicar el máximo nivel sancionador previsto por la ley a la espera de que el Consejo Plenario del próximo viernes lo resuelva definitivamente. Por su parte, la compañía ha explicado a Metrópoli Abierta que no hará comentarios al respecto.

“Estamos ante una trama organizada para eludir y burlar los controles internos que ha saqueado de forma continuada recursos públicos en un ámbito tan sensible como es la recogida de residuos”, ha denunciado el cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens. El consistorio ha comunicado a FCC la propuesta de resolución y ha desestimado las alegaciones presentadas por la compañía, que todavía puede presentar un recurso de alzada antes de acudir a los tribunales. Por su parte, el Ayuntamiento ha remitido el contenido del expediente a la Fiscalía, que ya tiene abiertas diligencias.

EL PRESUNTO FRAUDE

Las investigaciones se remontan a noviembre de 2016, cuando el Ayuntamiento, a través de la prensa, obtuvo los primeros indicios del presunto fraude de FCC en el servicio de limpieza y recogida de residuos. Acusa a la compañía de certificar más de 6.000 servicios no prestados o realizados con menos personal del estipulado en Gràcia y Esquerra de l'Eixample entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015. Por estos servicios la compañía facturó 1,3 millones de euros. También señala a la empresa por alterar 30 servicios y mezclar el contenido de más de 1.600 que luego llevó a plantas de tratamiento que no tocaba para cobrar más dinero.

No vamos a tolerar fraudes de estas características en los servicios públicos”, ha avisado Asens. Según el teniente de alcalde, el Ayuntamiento ya ha “tomado las medidas oportunas para que no vuelva a pasar”. Ante la posibilidad de rescindir el contrato, Asens ha asegurado que los servicios jurídicos desaconsejan esta opción porque el expediente representa solo un 0,7% de lo que gstiona la compañía y las resoluciones judiciales en casos similares no respaldan esta opción, aunque no descartan hacerlo en un futuro.

DESGLOSE DE LA SANCIÓN

El Ayuntamiento ha impuesto una sanción de 2,9 millones de euros por falsear las prestaciones de servicios y no llevar los residuos a las plantas de tratamiento correspondientes. Además, impone otros 2,1 millones por no informar de los servicios no prestados entre 2013 y 2015. En paralelo, el consistorio reclama a FCC el reintegro de los 1,3 millones que cobró por los servicios no realizados y otros 850.000 euros en concepto de daños y perjuicios. En total, 7,17 millones de euros.