Frustrado por las promesas políticas incumplidas, Claudio Banchelli empezó el pasado 1 de marzo una huelga de hambre para reclamar una compensación justa por la expropiación de su vivienda en el barrio de la Teixonera. Si no recibe una respuesta satisfactoria, el domingo, cuando cumpla un mes sin comer, dejará también de beber agua, su único alimento en las últimas semanas.

Claudio tiene la cara quemada, después de pasar 30 días en la calle, desde las siete de la mañana hasta que se pone el sol. No se quiere esconder en la sombra, porque le gusta el sol, pero delante del número 91 de la calle Rosalía pega fuerte el sol estos días. En ese edificio vivió durante más de 20 años, hasta que se tuvo que ir temporalmente mientras se solucionaba el problema, que finalmente no se arregló.

Se encuentra “mareado”, pero cuando explica su situación se “calienta” y le da un chute de energía. Le acompañan en su protesta las otras dos vecinas que también reivindican una mejor solución la expropiación de su vivienda. Ellas sí que se alimentan, pero se mantienen constantemente a su lado.

A Pepa no le dieron nada por su piso tras 45 viviendo allí, porque la casa la compró su suegro y no arreglaron los papeles, pero sí que indemnizaron a los descendientes más directos, quienes no tenían conocimiento de la existencia de la vivienda. La otra vecina, Encarna, tampoco considera justa la indemnización. Claudio reivindica que mientras no se resuelvan los tres casos no cesará en su empeño.

El resto de vecinos se han ido dando por vencidos o han llegado a acuerdos que han considerado satisfactorios, pero ellos no, y no piensan parar.

JUICIO PARALELO

Al mismo tiempo que ejercen la protesta, hay abierto un contencioso con el Ayuntamiento para que el juez dictamine si la expropiación se produjo de forma correcta y si las obras del metro fueron las culpables de la aparición de las grietas en el edificio, las cuales forzaron el desalojo de los vecinos por seguridad. Tras un primer estudio de la denuncia, el magistrado paró la demolición rápidamente y el edificio todavía sigue en pie, a la espera de su derribo.

El Plan urbanístico municipal preveía derribar el edificio y construir uno nuevo, donde se alojarían los mismos inquilinos. El cambio de gobierno municipal, con la llegada de CiU, supuso un carpetazo a dicho plan y la expropiación del edificio con una oferta que los propietarios consideraron irrisoria.

Los vecinos fueron alojados temporalmente en un hotel, pero tras un año viviendo en una habitación muchos aceptaron la propuesta municipal, pese a que no les convencía, como a Banchelli. Un técnico valoró su piso en más de 90.000 euros, tras haber realizado reformas en el inmueble. La oferta recibida se quedaba en 50.000 euros y la posibilidad de adquirir una nueva vivienda en el barrio de La Clota por 100.000 euros.

Teniendo todavía una hipoteca pendiente de pago, Banchelli rechazó la primera propuesta. La segunda, pese a que no le convencía, la firmó, porque estaba harto de dormir en un hotel. 50.000 euros de indemnización y un alquiler de 400 euros mensuales en el mismo bloque donde le ofrecían el piso de compra.

ESPERANZAS FRUSTRADAS

“Todo empezó con CiU y ha seguido con Colau”. La llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento, partido por el que Banchelli hizo campaña, aumentó sus esperanzas de una compensación que él considere justa. El nuevo gobierno de la ciudad le prometió que estudiaría el tema, pero pasado el tiempo la respuesta fue que se tratan de decisiones técnicas y que no pueden hacer nada al respecto. Así lo confirman fuentes municipales, que destacan que se ha activado el protocolo de atención para este tipo de casos, gestionado por el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

“Solo me queda la dignidad y la vida y no sé hasta cuando. Y no estoy loco”, denuncia Claudio, quien lamenta los problemas que le está ocasionando a su hijo, su única familia y el motivo real de su protesta, pues veía el piso perdido como "un problema menos para mi hijo, era dejarle un techo pagado para el día de mañana. No he cumplido ni con eso, me siento hasta culpable. He pagado durante 20 años una hipoteca para que me robaran el piso".

Cuando empiece la huelga de sed, su hijo, que estudia y trabaja, le acompañará. Él no está de acuerdo con la protesta de su padre, pero respeta la decisión. "Ha vivido la misma injusticia y no está conforme. También porque si pasa algo es el que se queda con el marrón. Tiene la potestad de salvarme la vida", dice compulgido Claudio por la responsabilidad que ha traspasado a su vástago.