El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, que entre sus múltiples aspectos regulados incluía la posibilidad de sancionar a los clientes de prostitución ejercida en la calle. La apreciación de la norma fue promovida desde Madrid, donde se buscaba poner coto a la prostitución en algunas áreas concretas. Trasladado a terreno barcelonés, la Guardia Urbana ha seguido el cumplimiento de la ley y en consecuencia, el pasado año multó a un total de 80 hombres. Las sanciones oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros.

El dato lo ha facilitado la regidora de feminismo y LGTBI, Laura Pérez, quien tampoco considera que sea bueno el multar a los hombres ya que según ha explicado, “a ellas les afecta de una manera muy negativa porque utilizan las multas para negociar con las mujeres”. Por todo, lo que realmente quiere impulsar el actual equipo de gobierno es un debate de fondo para mejorar la calidad de vida de mujeres y vecinos y dejar de criminalizar a las prostitutas.

REPLANTEAR LA ORDENANZA MUNICIPAL

Un giro de 180 grados a las políticas convergentes de Xavier Trias quien modificó la ordenanza de civismo en 2012 para prohibir la prostitución callejera multando a las que desobedecían la norma. Por su parte, el equipo que lidera Ada Colau no ha multado a ninguna en el último año, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana.

El objetivo es, con los datos en la mano, reflexionar sobre la criminalización de estas mujeres, muchas de ellas víctimas de la feminización de la pobreza, y encontrar soluciones de consenso con todos los grupos políticos. “Creo que todas las fuerzas políticas coincidiremos en que perseguir o criminalizar a las mujeres que ejercen el trabajo sexual no es una vía ni para conseguir mejoras en la convivencia en el espacio público ni para mejorar la situación de las mujeres. Y sí que creo que hay un consenso en que hemos de proteger los derechos de todas las mujeres”, ha declarado la también regidora del distrito Sants-Montjuïc.

TRABAJADORAS SEXUALES CON VOZ EN EL AYUNTAMIENTO

Pero el Ayuntamiento no solo evita multar a las mujeres que trabajan en la calle, sino que además, quiere incluirlas en el diálogo para redactar una nueva ordenanza ciudadana. “Hay que entender que por ellas también pasan las soluciones y que por lo tanto, necesitamos conocer sus necesidades y sus propuestas y que son una voz legítima para el Ayuntamiento de Barcelona”, puntualizaba Pérez ante los medios.

Para ello, el consistorio trabaja en la nueva ordenanza con el informe Desde dentro, redactado por las propias mujeres. “Es ellas mismas nos dicen cuáles son sus propuestas de mejora de sus condiciones pero también de mejora de la convivencia y de mejora del uso de espacio público. Qué necesidades y qué propuestas tienen”. Y entre los puntos que las trabajadoras sexuales reclaman, piden sentirse protegidas por el cuerpo de seguridad, una mejora del espacio público o de la iluminación, entre otras.

Asimismo, el consistorio ha iniciado procesos de mediación en calles en el que también tienen voz  los vecinos “que sabemos que reciben una presión muy fuerte”, ha declarado la regidora. La prueba piloto se ha a una de las calles donde la prostitución a pie de calle es más que evidente: Robadors. Las conclusiones todavía no se han extraído de la medicación pero por ahora, el Ayuntamiento ya tiene encima de la mesa los problemas, carencias y las soluciones que proponen unos y otros para mejorar la convivencia.