Tramitar una licencia de obras en Barcelona no es nada sencillo, ni por descontado rápido. La Administración de la capital catalana suele tardar entre ocho y 12 meses para otorgar la licencia que permite levantar una obra. Se trata de un periodo de tiempo excesivo para los promotores inmobiliarios y rebasa sobradamente los tiempos que necesitan otros ayuntamientos metropolitanos para conceder la misma licencia. Desde la asociación sectorial que agrupa a estos profesionales, como los propios empresarios lamentan que a las condiciones limitadas para la producción en la ciudad –falta de suelo para construir—se una la excesiva burocracia municipal que entorpece y en muchos casos encarece la producción de viviendas.

“Tenemos promociones en Barcelona, Sant Cugat y Ripollet, en este momento. En la capital no bajamos de ocho meses para obtener la licencia. En algunas ocasiones nos hemos ido a un año y más. En Sant Cugat, el periodo de tramitación suele ser más corto, unos seis meses, pero es que en Ripollet son tres meses”, describe el director general de una promotora que tiene en marcha cerca de 500 viviendas en Catalunya.

Se reconoce desde la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) que no todo es responsabilidad municipal. Que a veces los propios interesados o los arquitectos que realizan las obras no presentan la documentación adecuada. Pero la verdad es que cuando sí la presentan los tiempos no disminuye sustancialmente. “Y no hablemos de cuando le toca intervenir a Protecció del Patrimoni Arquitectònic, entonces la arbitrariedad se dispara”, afirma Joan Ollé, presidente del Col·legi d’APIs de Catalunya. Muchos de edificios de Barcelona están protegidos, particularmente en l’Eixample –sobre todo fachadas—y cuando hay que rehabilitar la burocracia se vuelve interminable o con frecuencia imprevisible: ”Cuando ya has conseguido arreglar algo, al poco tiempo cambian el técnico y con él, los criterios anteriores, con lo que ya no sirve lo que habías arreglado”, agrega Ollé.

INSEGURIDAD JURÍDICA

La situación genera inseguridad jurídica para el sector, pero también costes. Tener la inversión del suelo hecha y parada durante 10 meses por un tramitación administrativa es muy penoso porque tiene unos costes que se van incorporando al proyecto, consideran los promotores.  “La falta de agilidad de la administración es un factor que nos perjudica. Luego queremos que el público tenga el producto a su alcance para que pueda comparar. Para ello necesitamos que haya salida al mercado. Si está entretenido en la tramitación administrativa no llega al comprador final”, afirma un promotor barcelonés.

En cierta medida, las dificultades son producto de la recuperación del sector inmobiliario. Los ayuntamientos engordaron sus plantillas relacionadas con la edificación durante el ‘boom’ del sector. Pero con la llegada de la crisis se paralizó la actividad y los municipios se vieron obligados a reestructurar sus servicios y adecuarlos al momento. Ahora se encuentra con un repunte significativo de la producción, pero con unos servicios que aún no se han adecuado al momento del ciclo. “En muchos casos los ayuntamientos se ven desbordados”, comentan fuentes de la APCE.

PERCEPCIÓN DEL CICLO

Algunos ayuntamientos ya se han percatado de que el momento es diferente y han empezado a adaptar su estructura. Han incorporado más técnicos y se han organizado de manera más ágil para tramitar los expedientes con  diligencias. Pero en los casos en los que no se ha mejorado la estructura, se justifica con razones legales: “No está en nuestra mano cambiar la ley”, cuando se trata de un argumento técnico. O “no podemos controlar a los funcionarios”, cuando el procedimiento se alarga de manera injustificada.

Y todo ello ocurre cuando en el 2015 se iniciaron en Catalunya un total de 6.176 viviendas, 8.317 fueron las comenzadas en el 2016 y 6.448 en la primera mitad del año 2017. Una producción muy alejada de los máximos de la burbuja, pero también de las necesidades a medio y largo plazo, puesto que en Catalunya se espera que se constituyan 358.000 nuevos hogares en los próximos 15 años, lo que implica una necesidad de más de 20.000 viviendas anuales en ese periodo. Desde luego, la estructura actual de Barcelona no está preparada para esa producción.