Los gestores de las residencias con quejas se defienden

Las empresas adjudicatarias de cinco residencias de ancianos públicas de Barcelona que recibieron quejas de familiares, la Unión Temporal de Empresas (UTE)  Ingesan (filial de OHL) y Asproseat han manifestado que en la ejecución del servicio cumplen los pliegos de condiciones establecidas en los contratos de gestión de las residencias, "ajustándose e incluso superando las ratios establecidos" por la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. Pero ha reconocido que serían necesarios 289.000 euros para mejorar el servicio que ofrecen en cinco residencias de ancianos dependientes de la Generalitat.

En un comunicado emitido este viernes, han defendido que no se ha producido ningún incumplimiento, como avalan las 17 inspecciones a las cinco residencias de la UTE realizadas por la Generalitat, y que concluyen que el servicio cumple con los pliegos de condiciones. La UTE ha mantenido varias reuniones con la Conselleria --la última el pasado miércoles-- con el objetivo de buscar una solución a esta situación e incrementar el personal de atención directa, así como mejorar las instalaciones, aunque ha asegurado que hasta este viernes no ha obtenido respuesta.

INQUIETUDES

La unión de empresas también ha explicado que las propuestas técnicas de las residencias obtuvieron la mejor puntuación en tres de los cinco casos y la segunda mejor puntuación en los otros dos centros en licitaciones con un promedio de 16 entidades licitadoras. Asimismo, ha defendido que, desde el inicio de la prestación del servicio, se han establecido mecanismos de participación con los familiares de los centros, tanto desde el punto de vista formal (Consells de Participació) como mediante comisiones de trabajo orientadas a la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios.

"Compartimos inquietudes con la Plataforma SOS Gent Gran, en el sentido de que los recursos solicitados en el pliego de condiciones pueden ser insuficientes" para atender a la actual situación, con una población envejecida y un alto nivel de dependencia. Las empresas aseguran haber aportado 148.000 euros adicionales, que no estaban previstos en el contrato, con el objetivo de mejorar la atención.