Papeletas en las elecciones autonómicas catalanas de 2015 / EFE

Papeletas en las elecciones autonómicas catalanas de 2015 / EFE

Economía

El 21-D tendrá un coste de 230 millones para las empresas catalanas

PIMEC asegura que su impacto es muy elevado al celebrarse en día laborable

17 noviembre, 2017 13:51

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La inestabilidad política que vive Catalunya ha debilitado su economía y el mundo empresarial espera que las incertidumbres actuales se resuelvan tras las elecciones del 21 de diciembre. Unas elecciones que, según PIMEC, tendrán un coste adicional de 230 millones de euros al celebrarse en un día laborable.

Para calcular el impacto del coste de las elecciones, PIMEC ha cuantificado el valor de la actividad económica que dejarán de realizar tanto los electores para ejercer su derecho a voto como los miembros de las mesas y los interventores.

En el caso de los votantes, se ha estimado que la participación electoral sería la misma que la del 2015 (77,44%) y que la media de tiempo para votar será de tres horas en el caso de los asalariados y de una hora para los ocupados por cuenta propia.

TURNOS EN LAS EMPRESAS

Cruzando estos datos estimados con los parámetros conocidos como el PIB medio por hora trabajada (36,35 euros), el censo electoral sin residentes extranjeros (5.329.139 personas) y la tasa de ocupación en Catalunya (54,09%), el impacto económico que dejarán los electores sube hasta los 217.238.448 euros.

Respecto a las mesas electorales, considerando que se constituyen un total de 8.240 por todo el territorio, con un presidente y dos vocales por mesa y un interventor por partido y mesa, si se estima que trabajan una media de ocho horas diarias, el valor de la actividad económica que dejaran de producir suma 12.962.332 euros.

La patronal, contraria a la DUI, denuncia que su celebración en un día laboral tiene una incidencia muy negativa para las empresas, especialmente las pymes, por tener menos recursos y unas plantillas más pequeñas. Pimec, asimismo, recomienda a las empresas que establezcan turnos para gestionar de la mejor manera posible el ejercicio del derecho a voto para que las afectaciones en la producción sean mínimas.