Vecinos de la calle Blai de Barcelona han afirmado este miércoles a través de colectivos de vecinos de Poble Sec y la Favb que su barrio se ha convertido en un "parque temático" modelo del gremio de restauradores y el ocio nocturno por delante del uso público del barrio y el descanso de los vecinos.

Con 52 restaurantes y 37 terrazas a lo largo de los 500 metros de longitud de la calle y apenas 10 de ancho, los vecinos han argumentado que "no se puede garantizar un barrio ni una ciudad accesible e inclusiva para todos", han explicado en un comunicado.

QUEJAS "SIN RESULTADO"

Los vecinos han lamentado que desde 2009, el barrio es un espacio de ruido, suciedad y conductas incívicas a los alrededores de los locales de restauración y terrazas, lo que según los vecinos ha provocado la marcha de muchos de ellos "cansados de quejarse sin resultado".

También han criticado que la situación en el barrio se haya utilizado como un reclamo de ocio a través de eslóganes como "la calle con más bares de tapas por metro cuadrado de toda la ciudad condal" o "la calle de la tapa buena, bonita y barata".

Han pedido al gobierno municipal medidas para conseguir que se "garantice el derecho a la salud y descanso de los vecinos" del barrio, por las que pasan reducir como mínimo una hora el cierre de todas las terrazas y establecimientos de restauración.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Los colectivos vecinales que han emitido el comunicado han atribuido la responsabilidad a los partidos políticos del municipio que aprobaron la ordenanza sobre terrazas en la calle Blai de 2014, y no sólo a los restauradores, quienes para ellos "la caja es el único objetivo".

Alerta Poble-sec y la cooperativa urbanística Raons Públiques consiguieron en 2015 una modificación de la ordenanza que proponía unos horarios de 8 a 23 horas de lunes a jueves y de 8 a 24 horas los viernes, vigilias y festivos.

Ese mismo año la justicia anuló la reducción del horario a petición de un contencioso administrativo de los restauradores del barrio y el juez que dictó la sentencia acusó al Ayuntamiento de Barcelona de "discriminar a los restauradores".