Las 13 familias del número 37 de calle Leiva siguen sin dormir tranquilos. A principios de año, la promotora con sede en Barcelona Vauras Investment adquirió el inmueble y comunicó a los inquilinos su intención de echarles de las viviendas. Desde entonces, los afectados se han unido en contra de la compañía. Un auténtico David contra Goliat.

Jaume Laporta, uno de los vecinos del inmueble y asiduo a los encuentros políticos y vecinales que se organizan en la sede del distrito, explica a Metrópoli Abierta que hasta la fecha se han reunido con ERC y el PSC para exponerles su situación. Asimismo, están pendientes de un encuentro la próxima semana con la CUP y próximamente, con el PdCat. Pero más allá de los formalismos, la lucha en realidad está en “punto muerto” y sin soluciones encima de la mesa, tal y como explica Laporta. “Precisamente, el equipo de BComú nos negó reunirnos con ellos en el Ayuntamiento y nos remitieron otra vez al consejero técnico”.

Una pasividad que los vecinos quieren revertir en urgencia. Por ello, el pasado jueves 4 de mayo Laporta asistió una vez más a la audiencia pública para reclamar encuentros cara a cara con el departamento de vivienda del consistorio, dirigido por Josep Maria Montaner. “Nuestros objetivos son dos: pedimos una mediación por parte del Ayuntamiento con la empresa que ha adquirido el edificio y si no hay posibilidad de mediar, pedimos una solución habitacional”, asevera este vecino de Leiva.

Según los afectados, no encuentran alternativas en la zona para poder abandonar sus viviendas a unos precios asequibles. “Los alquileres que tenemos de 700 u 800 euros en nuestra finca ahora no existen y tenemos que irnos al extrabarrio”, lamenta. Tras la exposición de sus argumentos ante decena de vecinos y miembros de la Casa Grande, la regidora del distrito de Sants, Laura Pérez, mostró su solidaridad con los afectados y la voluntad del Ayuntamiento de encontrar una solución para las 13 familias. “Leiva está en el foco municipal porque hay una agresión”, sostuvo.

La próxima semana, el equipo de gobierno quiere convocar a los afectados para explicarles las líneas de actuación que tiene el consistorio para incidir en el conflicto. Por delante quedan seis meses de trabajo para encontrar una solución antes de que algunos vecinos se vean obligados a dejar el edificio por rescisión del contrato. Otros tienen hasta cinco años firmados que se suman a los inquilinos que viven con una renta antigua. Pero todos, sin excepción, luchan por ganarle la batalla a Goliat o, como mínimo, encontrar un nuevo techo familiar.