La Catedral no será expropiada. La proposición de la CUP – Capgirem Barcelona, que pedía tomar el centro de culto desde las instituciones públicas para instalar en su interior un economato y distintos equipamientos educativos, fue rechazada unánimemente. Que la 'propo' fuese tumbada era de esperar. Que los representantes públicos bajaran al fango de la descalificación, no tanto.

EXPROPIACIONES DE BIENES ECLESIÁSTICOS

Antes de nada, cabe recordar que el Estado español ya ha llevado a cabo distintos periodos de desamortización a lo largo de su historia moderna. Expropiaciones forzosas de las tierras y bienes en posesión de las llamadas 'manos muertas' (Iglesia y órdenes religiosas), que empezaron con el despotismo ilustrado y que llegaron a su apogeo con la Revolución liberal. Un proceso que tenía como objetivo amortizar la deuda contraída por la administración y liberalizar lo que era considerado 'perteneciente a Dios'.

Si bien el debate liberal sirvió para romper la legislación de la propiedad del Antiguo Régimen; la puntilla que coló anoche el grupo municipal de la CUP - Capgirem Barcelona en Ciutat Vella evidenció cuál es la política actual. Tal como introdujo su conseller, Joan Suqué, “ante nuestra incredulidad, nos encontramos con risas y mofas”. Y sí, algunas de las formaciones admitieron que se reían de la propuesta del grupo municipal (5a fuerza por delante de C's y PP en Ciutat Vella).

INEXISTENTE REFLEXIÓN POLÍTICA

De hecho, la misma consellera de Ciutadans, Julia Barea, admitió públicamente que desde su partido “nos lo hemos pasado muy bien” con la proposición. “No me la tomo ni en serio”, añadió la representante política. Incluso la presidenta del grupo municipal, Carina Mejías, llegó a ironizar con las intenciones de la CUP: “quieren convertir la Catedral en un nuevo Can Vies”.

Bajo el punto de vista del PP, el planteamiento no dejaba de ser un “show”, “impresionante y surrealista”, que “sigue el camino de la maestra [Colau]”, señaló sin tapujos su consellera, Elisabeth Jiménez. Todo ello, para luego “salir en la prensa”, añadía la consellera de ERC, Maria Josep López. Al fin y al cabo, desde el grup Demòcrata observaban que el planteamiento solo buscaba ir “a la provocación, a los fuegos artificiales y al retuit, en lugar de solucionar los problemas reales de los vecinos”.

¿QUÉ CONTEMPLA LA LEY?

Sin embargo, ningún representante político entró a comentar la esencia jurídica de la proposición. Tal como expuso anoche la CUP, la ley española de 1954 describe que la propiedad privada debe tener una utilidad pública o un interés social. Además, la Ley de procedimientos especiales también prevé aplicar la expropiación-sanción si se incumple dicha función social. Sobre este planteamiento, solo el PP defendió el papel social de la Iglesia. Los demás lo esquivaron. Ni mu sobre si la Iglesia cumple (o no) con la función social que predica.

El silencio hizo acto de presencia incluso entre aquellos que comparten campo ideológico. Los comuns ni siquiera entraron a valorar la propuesta; la rechazaron y punto. Ni una sola mención a los procedimientos que otros compañeros 'comuns' están llevando a cabo en otras ciudades.

En Zaragoza, por ejemplo, el Gobierno formado por la Chunta Aragonesista, el PSOE y Zaragoza en Común han iniciado ya un proceso en los tribunales para tratar de recuperar la titularidad pública de la catedral de La Seo y la iglesia de la Madgalena. Sin embargo, la idea a aplicar en Ciutat Vella es calificada de “propuesta chorra” incluso por el conseller socialista, Oriol Casabella.