En Lancaster 13 solo queda una familia. La de Shiplu Ahmed, su mujer y sus dos hijos. El resto de inquilinos de la escalera han ido desapareciendo. De un día para otro, las viviendas se quedaban vacías. En silencio. Nadie decía ni dónde se iba, ni por qué motivo, relata Ahmed. Luego, lo entendió todo. La empresa que había comprado el edificio meses antes, MK Premium, negociaba con el resto de arrendatarios de forma individual para rescindirles los contratos. Cuando llegó su turno, él se negó.

Hoy por hoy, Ahmed tiene un contrato de alquiler vigente para dos años más. Si bien explica que en un principio los abogados de MK Premium le dejaron caer que su contrato era ilegal, más tarde no tardaron en ponerle dos ofertas sobre la mesa: 5.000 euros o las llaves del piso que él decidiese okupar. Ambas las rechazó: “Le dije al abogado si él llevaría a su familia a okupar un piso”, rememora.

LAS PRIMERAS COACCIONES

A los días, los comerciales de MK Premium no tardaron en aparecer por la finca con distintos posibles inversores. Visitas en las que los trabajadores de la empresa solían espetar al último vecino distintas desconsideraciones como: '¿todavía no has cogido el dinero?', o bien '¿Cuánto vas a tardar en irte?', señala Ahmed. El mismo administrador de MK Premium, Daniel Leiva, reconocía en Els Matins de TV3 que los bloques aumentan de valor conforme más pisos consiguen vaciar de vecinos, aunque niega que se utilicen estas expresiones.

Si bien desde la empresa señalan que solo se encargan de comprar y vender fincas, en el caso de Lancaster 13 la inmobiliaria también inició toda una serie de obras para “rehabilitar la finca”, explica Leiva en una conversación telefónica con este medio de comunicación. Unas reformas que, como desveló la regidora del Distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, no disponían de las licencias y encima acometían contra el descanso de la mujer de Ahmed, quien en aquel momento se encontraba en la fase más avanzada de su embarazo y con contracciones. Una situación que simplemente trataba de “coaccionar” psíquica y ambientalmente a la familia para que finalmente dejara su vivienda, explican en la demanda. De hecho, la acusación pedirá la declaración de los operarios, quienes supuestamente no sabían que vivía la familia en la finca.

Shiplu Ahmed Afectado Lancaster 13

MK PREMIUM PIDE EL DESAHUCIO DE AHMED

Si bien Ahmed había declinado cualquier tipo de negociación con la sociedad, esta tampoco se quedó de brazos cruzados y denunció al inquilino. ¿El motivo? No ingresar el alquiler a la cuenta correspondiente que se le envió por burofax. El inquilino reconoce que en un primer momento no supo interpretar el documento y que algunas mensualidades las continuó pagando a la cuenta original “sin mala fe”. De hecho, señala que en cuanto se dio cuenta llevó a cabo la transferencia por los juzgados, pero por aquel entonces ya era demasiado tarde. MK Premium había presentado demanda. Ahora es el juez es quien debe determinar si se le debe desahuciar, explica el abogado de la familia, Andrés García Berrio.

Según sostiene el letrado, el caso de la familia “no es aislado”. Él mismo reconoce que será “complicado ganar el procedimiento”, aunque también señala que “es muy difícil continuar viviendo en esa finca, medio derruida, y encima con tres niños”. “Incoamos este caso porque entendemos que hay una responsabilidad penal de tres trabajadores de la empresa y la misma sociedad”, detalla Berrio. Una coyuntura en la que el abogado también pide intervención de la administración municipal: “Es fundamental que el Ayuntamiento pase de las palabras a los hechos; no toleraremos que no haya salidas para cuestiones como esta”, ha exclamado. Según el portavoz de Resistim al Gòtic, Martí Cusó, los vecinos de los números 7, 9 y 11 también pueden ser “víctimas de otro grupo de especulación internacional como MK Premium”, advierte.

LA INMOBILIARIA SE DEFIENDE

Desde MK Premium, Leiva señala que han recibido la querella con “sorpresa” y asegura que la información presentada por las acusación es “totalmente falsa”. “Tenemos pruebas fehacientes de lo que está diciendo es mentira”, avanza. Sobre la denuncia por impago, el administrador asegura que en el documento enviado por burofax la información era clara y considera que realmente Ahmed no quería pagar. “Nos ponía una serie de excusas”, las cuales Leiva tampoco quiere entrar a detallar, ya que “el juez certificará al final lo que ha sucedido”.

En cuanto a las obras, el responsable de la sociedad asegura que avisaron previamente a los inquilinos y les ofrecieron “realojarlos o compensarlos económicamente” por su marcha. De hecho, el empresario no se esconde: “Nosotros lo que preferimos siempre es llegar a una solución definitiva”. Es decir, que abandonen para siempre la escalera para poder aumentar todavía más el valor de la finca mediante una reforma estructural.